Caracas.- Tras el anuncio de la Política Nacional de Migración y Extranjería (PNME), la Asociación Venezolana en Chile ha dado sus impresiones sobre cómo esta nueva normativa podría afectar a la población migrante venezolana, especialmente aquellos que aún no cuentan con un estatus regular en el territorio.
Con la nueva ley, el Gobierno de Chile pretende reducir las causales para la regulación a extranjeros que demuestren un vínculo laboral estable y formal o lazos familiares, y ampliar las causas para las expulsiones, permitiendo deportar a personas inmigrantes si cometen cinco faltas o incivilidades en un periodo de dos años.
Chile | Así funcionará la nueva política de migración y extranjería
La presidenta de la Asociación Venezolana en Chile, Patricia Rojas, comentó a El Pitazo que ven de forma positiva la revisión de solicitudes de permisos de residencia y el mecanismo que se quiere utilizar para ejecutar expulsiones.
En mayo de 2023, Chile figura como el quinto país receptor de migrantes venezolanos, 444.423 personas de dicha nacionalidad, según datos de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V). A su vez, según datos del Gobierno de Chile, a comienzos de año se registraban 1,4 millones de personas extranjeras residiendo en el país, lo que equivale a más del 7 % de la población, y los venezolanos eran los más numerosos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos.
Permisos de residencia
Rojas señaló que la revisión de las solicitudes y respuestas sobre los permisos de residencia lo ven de manera positiva, pues hay personas que llevan hasta tres años esperando por permisos de residencia permanente, especialmente aquellas rezagadas de la regularización extraordinaria que se realizó tras la promulgación de la Ley de Migración.
«Esto lo vemos con buenos ojos debido a que hay personas que han esperado durante mucho tiempo», dijo.
Dos perspectivas sobre las expulsiones
En cuanto a la agilización de las expulsiones de personas que ya tienen una orden, Rojas menciona que existen dos perspectivas. La primera es sobre quienes han cometido algún delito y pasado por un debido proceso, y que además cuentan con una sentencia firme que sustituye la pena por la expulsión; asegura que no hay objeciones respecto a la decisión, ya que esto se encuentra dentro del marco legal.
Sin embargo, la presidenta de la asociación señala que sienten preocupación por los casos de expulsiones administrativas, ya que muchas personas desconocen que tienen la opción de recurrir a la justicia y solicitar a un tribunal una orden de protección que revise su caso antes de ejecutar la expulsión.
Protección y sistema de salud
Rojas también explica que la nueva ley hace énfasis en la protección de grupos vulnerables, como las víctimas de trata y tráfico de personas, los niños, niñas y adolescentes, así como las mujeres que han sufrido violencia de género o intrafamiliar.
«Esta medida resalta la importancia de garantizar la protección de los derechos de estas personas y brindarles el apoyo necesario para su bienestar y seguridad», dijo.
Otro aspecto relevante que se destacó fue la inclusión de las personas en el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), independientemente de su estatus migratorio. A partir de ahora, aquellos que se encuentren en Fonasa serán incluidos en el pago per cápita que realiza el Estado, lo cual se reflejará en el presupuesto nacional.
Esta medida busca abordar la demanda creciente de atención médica y garantizar el acceso a los servicios de salud para todas las personas. La idea es hacer frente a las necesidades de salud de manera inclusiva, sin importar la situación migratoria de los beneficiarios.
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