Caracas. “Las autoridades de Trinidad y Tobago están promoviendo un discurso xenófobo, que asocia a las personas que huyen de Venezuela con el virus del COVID-19 de una manera que entraña el peligro de crear una mayor estigmatización y discriminación contra gente que necesita protección internacional”, indicó Louise Tillotson, investigadora para el Caribe de Amnistía Internacional (AI).
Recordó que el 25 de julio el ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago declaró que “los inmigrantes ilegales”, “la gente que llega por mar” y los empresarios que “trafican” con esas personas constituyen un riesgo potencial para la salud y han establecido una línea telefónica de emergencia para que la gente denuncie.
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Amnistía Internacional consideró estas declaraciones una nueva amenaza de las autoridades de criminalizar a las personas refugiadas y, en algunos casos, a quienes las ayudan.
La organización internacional apuntó que el anuncio también entraña el riesgo de que estas personas se oculten aún más, y se alejen así de los servicios de salud que podrían proteger a toda la población.
Expulsión viola las normas internacionales de DDHH
Tillotson rechazó además la expulsión de al menos 165 venezolanos en las últimas semanas de Trinidad y Tobago.
“No es ningún secreto que las autoridades de Trinidad y Tobago criminalizan la entrada irregular en el país, lo cual es contrario a las normas internacionales de derechos humanos. Sin embargo, expulsar a personas venezolanas y devolverlas a la emergencia humanitaria y de derechos humanos de la que huían, en plena pandemia, es una violación indignante de las obligaciones contraídas por Trinidad y Tobago en virtud del derecho internacional. Ninguna persona debe ser devuelta a un lugar en el que corra peligro de sufrir graves violaciones de derechos humanos”, dijo el 7 de agosto mediante una nota de prensa.
Afirmó que en lugar de utilizar la ley para castigar a personas obligadas a dejar todo atrás, las autoridades de esa isla deben trabajar con las ONG, agencias de la ONU “y las decenas de miles de personas venezolanas que han hecho de Trinidad y Tobago su hogar en los últimos años para encontrar soluciones que cumplan las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos contraídas por Trinidad y Tobago”.
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