Acarigua.- 45 días después de registrarse el motín en la Policía de Páez, en Acarigua, hecho que dejó saldo de 29 reos muertos y 27 heridos entre funcionarios y reclusos, este lunes 8 de julio los privados de libertad que aún permanecen en este lugar han iniciado una huelga de hambre.
La protesta es una medida de rechazo a la insalubridad que impera en este centro de reclusión preventivo, donde el desbordamiento de cloacas ha desprendido un olor que los reos ya no aguantan. También son constantes las fallas en los servicios de agua y electricidad.
Familiares de los reos precisaron que el colapso del sistema de aguas servidas y el que estos se vean obligados a hacer sus necesidades en bolsas y recipientes dentro de los mismos calabozos, ha inundado el espacio de gusanos y de otros insectos que caminan por las paredes y se les suben a las pocas colchonetas que quedaron, tras la detonación de las tres granadas durante la madrugada del viernes 24 de mayo.
“No sabemos cómo están ni qué les hace falta. Si se bañan o no”, informaron los allegados.
En el lugar, las visitas están suspendidas desde el domingo 13 de mayo, Día de las Madres, que fue lo que hace más de mes y medio motivó a iniciar la revuelta que se mantuvo por 10 días, hasta que entre la noche del jueves 23 y la mañana del viernes 24 de mayo funcionarios de distintos cuerpos de seguridad lograron ingresar a los calabozos.
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«Nos dicen que el sitio no está en condiciones aptas para el ingreso de visitas, pero si para tenerlos a ellos ahí. Los gusanos caminan por las paredes. Lo poco de comida que uno logra pasarles, ellos se lo comen en esa pudrición«, refiere la madre de uno de los casi 180 reos que quedan en PoliPáez. El resto ya fue trasladado a centros penitenciarios.
«Esos muchachos pasan tres días con la misma ropa porque una muda se le pasa los martes y otra los viernes», dice otra familiar. Todo lo afirman sin identificarse por temor a represalias.
Los reclusos que quedan, de los 352 que sobrevivieron al motín, piden también ser trasladados a cárceles. Sus familiares exigen que sean reanudadas las visitas y se de mejores tratos por parte de los funcionarios.