Portuguesa | Trabajadores de Pronutricos y Venarroz denuncian despido masivo

De las dos empresas del Grupo Pro, a cargo del Estado, fueron despedidos 273 trabajadores, luego de que el consorcio Alimentos El Maizal asumiera la administración y no reconociera los pasivos laborales de los empleados

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Los trabajadores afectados denunciaron la situación ante la Inspectoría del Trabajo. | Foto: Cortesía

Acarigua.- 150 trabajadores de las empresas Pronutricos y 123 de Venarroz, ambas del Grupo Pro, denunciaron ante la Inspectoría del Trabajo que fueron despedidos arbitrariamente y sin prestaciones sociales, una vez que la administración de la industria pasó a manos del consorcio Alimentos El Maizal.

“Se está cometiendo un atropello contra casi 300 trabajadores que fueron despedidos verbalmente por parte de la directiva de Alimentos El Maizal», expresó Jorge Blanco, trabajador de la planta de Venarroz Molinera y representante del Consejo Productivo de Trabajadores (CPT).

Blanco explicó que, actualmente, Alimentos El Maizal tiene un contrato de arrendamiento otorgado por el Estado, pero están desconociendo los pasivos laborales de los trabajadores del Grupo Pro, alegando que el contrato solo es para el uso de las instalaciones.

Detalló, además, que el despido masivo se produjo desde hace una semana en la planta Venarroz, mientras que el miércoles 10 de agosto, lo efectuaron en Pronutricos, con sede en Araure, por lo cual -según advirtió Blanco- una de las empresas con mayor capacidad de producción de alimentos en el estado Portuguesa se encuentra paralizada.

«Es algo que no podemos aceptar y solicitamos en lo inmediato una intervención en la empresa. No vamos a cesar en nuestra lucha y reclamos por nuestros derechos vulnerados. Si fueron capaces de despedir tal cantidad de trabajadores de una planta como Pronutricos, que produce más de 5 mil toneladas de harina al mes, qué quedará para los demás. Aquí hay compañeros con 15 y hasta 20 años de servicio», señaló.

Los afectados exhortaron a la ministra de Interior, Justicia y Paz, Carmen Meléndez; al ministro del Trabajo, Eduardo Piñate; al responsable de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft), Miguel Ángel Gallegos Matos, y al gobernador Rafael Calles detener el atropello que se está efectuando contra la masa trabajadora.

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