Portuguesa | Autoridades de cárcel de Guanare devuelven a 39 reclusos trasladados por GN

El traslado de 39 presos que cumplen proceso judicial en los puestos de control vial de la Guardia Nacional en Boconoito y Guafillas, al oeste de Guanare, no cumplió con los requisitos exigidos por el Ministerio para el Servicio Penitenciario, informan abogados y familiares

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Foto: Ministerio de Asuntos Penitenciarios/Referencial

Guanare.- Un total de 39 reclusos que prendieron ser ingresados por la Guardia Nacional al Centro Penitenciario Agroproductivo 26 de Marzo, en Guanare, capital del estado Portuguesa, fueron finalmente depositados en el puesto de comando de ese componente militar que funciona en las instalaciones del evacuado Centro Penitenciario del los Llanos Occidentales (Cepello) ubicado en el barrio al oeste de la ciudad.

Abogados y familiares de los reclusos informaron a El Pitazo que las autoridades de la cárcel 26 de Marzo negaron el ingreso a los 39 reclusos este jueves 20 de mayo en horas de la tarde porque la GN no cumplió con los requisitos de ley ni obtuvo la aprobación del Ministerio para el Servicio Penitenciarios .

“Sacaron a los presos sin coordinar con el Ministerio para el Servicio Penitenciario y por ello la 26 de Marzo no los puede recibir”, informó la madre de un recluso que pidió resguardar su identidad por razones de seguridad personal.

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Los internos trasladados por la GN, en su mayoría procesados por delitos de drogas, estaban recluidos en los calabozos de sus puestos de control vial de Boconoito y Guafillas, al oste de Guanare, en límites con el estado Barinas.

Se conoció que la Guardia Nacional en Portuguesa ha venido descongestionando sus instalaciones donde hay calabozos  que fungen como centros de detención preventiva, dadas las condiciones de hacinamiento e imposibilidad de atención a los reclusos y a sus familiares.

En el Centro Penitenciario Agroproductivo 26 de Marzo, reinaugurado en abril de 2016, se calcula una población de 800 procesados. Estos acumulan un retardo procesal que les niega el otorgamiento de beneficios a cumplirse por los tribunales de ejecución y que, por la pandemia del coronavirus, no han podido tramitarse, dado que dependen del ministerio para Asuntos  Penitenciarios, como cartas de buena conducta, redenciones y antecedentes penales.

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