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sábado, 18 mayo, 2024

Jubilado en Guanare: «Es muy duro elegir entre una pastilla o un bocado de alimento»

La Gobernación de Portuguesa adeuda a sus 15.000 jubilados los bonos de recreación y de alimentación, previstos en las cláusulas 41 y 75 de la convención colectiva de los trabajadores

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Guanare.- Pedro Orellana nunca soñó con ser líder de los jubilados. Tampoco imaginó que al finalizar sus servicios como asistente administrativo andaría de plaza en plaza portando pancartas antigubernamentales. Confiesa que más de una vez se le ha partido el alma. «Con hambre y sin esperanzas de mejora todos somos más frágiles», admite.


Los jubilados en Venezuela no cesan de repetir que carecen de dinero para comprar comida y, que si lo consiguen, es para medicamentos. Y eso es lo que reconoce Pedro Orellana.

«Es muy duro elegir entre una pastilla o un bocado de alimento«, sentencia con su cartón en alza desde la plaza Bolívar de Guanare este 9 de octubre.

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Orellana tiene 52 años y 28 se los dedicó a la Gobernación del estado Portuguesa. Fueron casi 3 décadas al servicio de la Administración pública. Salió jubilado en 2021 con una asignación mensual de 162 bolívares y un arreglo por prestaciones sociales que no alcanzó 90 dólares. 

Se siente inconforme, pero no ha descansado. Sin tregua, anda en una lucha reivindicativa desde que lo jubilaron.

Hace dos años, junto con un grupo de compañeros, se rebeló contra su sindicato, que se perfilaba patronal. Desde ese momento ejerce de vocero de los jubilados y nunca falta a las marchas y concentraciones de la coalición sindical de Portuguesa. 

Orellana no para. Desde julio, este jubilado ha visitado la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), la Vicepresidencia de la República y la Asamblea Nacional, entre otras dependencias gubernamentales, denunciando al gobernador Primitivo Cedeño. 

La Gobernación de Portuguesa adeuda a sus 15.000 jubilados los bonos de recreación y de alimentación, previstos en las cláusulas 41 y 75 de la convención colectiva de los trabajadores.

Este compromiso debió honrarse, según la ley, en la segunda quincena de julio. Han pasado cuatro meses y la cancelación no se cumple, pese a las reiteradas promesas de la gerente de Recursos Humanos, Fanny García. 

«Hay muchos compañeros vulnerables y otros fallecidos sin siquiera cobrar estos menguados beneficios», lamentó Orellana.

La exigencia de pago inmediato está acompañada de una propuesta que, según Orellana, debe concretarse en menos de un mes.

«Aspiramos a que el gobernador Cedeño convoque una mesa de trabajo para que discutamos este punto y el de los servicios médicos, uno de los problemas más graves que tenemos los jubilados y pensionados de la gobernación», explicó.

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