Valle de la Pascua.- Comerciantes de Valle de la Pascua intentarán acciones jurídicas ante la falta de respuestas por parte de los concejales de Infante con respecto a la solicitud de rectificación hecha sobre la ordenanza tributaria aprobada en el mes de diciembre pasado.
El marco legal establece el pago de los impuestos municipales con anclaje en el petro, lo cual sería imposible cumplir, al considerar el valor elevado de esa moneda virtual, sujeta a la discrecionalidad del Ejecutivo nacional y el interés político del momento.
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El dirigente gremial de Fedecámaras Guárico Freddy Blanco aseguró que la decisión fue acordada durante una asamblea celebrada en la Cámara de Comercio de esta localidad guariqueña.
En reuniones sostenidas con los legisladores municipales elevaron el planteamiento buscando que se permitiera el pago de las unidades tributarias correspondientes, pero con referencia al bolívar, tal como lo establece la ley; sin embargo, no hubo ninguna respuesta.
En la misma reunión se conoció que la alcaldesa Nidia Loreto manifestó a los concejales que no habrá marcha atrás y que los comerciantes deben pagar sin protesta ni reclamos.
Freddy Blanco explicó que los comerciantes solicitan que los tributos les sean cobrados en unidades tributarias como lo establecen el Código Orgánico Tributario y la Constitución, que es la máxima ley, ya que el valor del petro, por estar sujeto a la discrecionalidad del Estado, puede incrementarse en cualquier momento, lo que perjudica a los empresarios y comerciantes del municipio.
“Empezamos en el mes de enero con un petro en 9.000 bolívares y ya está en 36.000”, lo cual podría incrementarse cada vez que se decrete un aumento salarial, y eso, estamos seguros, va a suceder más pronto de lo que se imaginan. El gobierno municipal será el único responsable de los posibles cierres de comercios y empresas que dejarán en esta región a miles de personas sin puestos de trabajo», dijo.
Los comerciantes aseguraron durante la asamblea que se trata de una ordenanza express, aprobada el 9 de diciembre por los ediles electos, quienes realizaron la exposición de motivos, discutieron, aprobaron y la pusieron en vigencia en Navidad, sin consultar a los actores involucrados.
«Se trata de un instrumento confiscatorio, ya que nos obliga a pagar los impuestos municipales por encima del que cancelamos al Seniat«, concluyó Blanco.
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