Barinas | GN obliga a ciudadano a retractarse de acusaciones sobre reventa de gasolina

El hecho ocurrió el pasado 7 de mayo cuando Alejandro Martínez, a través de un video por sus redes sociales, denunció que en la estación de servicio El Chama hay un grupo de civiles y militares que negocian con la venta del combustible

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José Gregorio Martínez Montilla, abogado del productor agropecuario de 67 años Alejandro Martínez, pidió a los militares poner fin a los atropellos contra los ciudadanos que reclaman sus derechos. | Foto: cortesía José Martínez

Barinas.- Alejandro Martínez, un pequeño productor agropecuario de 67 años del municipio Andrés Eloy Blanco en el estado Barinas, nunca imaginó que subir un video a sus redes sociales en el que invita al gobernador, alcalde y demás autoridades a investigar sobre una presunta mafia que revende combustible fuera a costarle cinco horas de detención y la grabación obligatoria de un video donde desmiente lo que dijo horas antes y se arrepiente de haberlo dicho.

El hecho ocurrió el pasado 7 de mayo y según la denuncia formulada a El Pitazo por el abogado, defensor de derechos humanos y colaborador del Foro Penal José Gregorio Martínez Montilla, el encargado del comando de la Guardia Nacional en El Cantón incurrió en la violación de los derechos fundamentales del sexagenario, quien había exigido un trato igualitario en el suministro de gasolina y una investigación de los entes correspondientes sobre la supuesta reventa de combustible por parte de civiles y militares que custodian la estación de servicio.

De acuerdo con el relato del abogado, Alejandro Martínez había denunciado en un video que no le hubieran echado gasolina pese a haber recibido un mensaje según el cual le correspondía surtirse ese día. También pidió a las autoridades municipales y regionales que investigaran sobre una presunta mafia en la estación de servicio que negocia la reventa de gasolina y gasoil a precios dolarizados.

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A las 7:00 pm del pasado 10 de mayo se presentó una comisión de la GN a su residencia sin ninguna orden de allanamiento ni orden de aprehensión expedida por ningún juez y fue sacado de su casa hasta el comando de ese componente militar, donde estuvo detenido hasta casi medianoche. Bajo amenazas y amedrentamiento, lo obligaron a grabar un video donde se desmiente y pide disculpas a los guardias y a la pareja del encargado de la gasolinera, a quien también habría señalado de participar en la reventa de combustible, explicó el abogado Martínez.

El abogado agregó que con la detención del sexagenario, el funcionario militar no solo cometió abuso de autoridad pública, sino que también violó los artículos 19, 20, 44, 46, 51 y 68 de la Constitución Nacional, los artículos 166 y 175 del Código Penal y los artículos 17 y 18 de la Ley Especial para Prevenir Torturas y otros Tratos Crueles y Degradantes, todos instrumentos legales vigentes en el país.

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