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jueves, 29 octubre, 2020

Apure: Propietarios de conjunto residencial exigen al MP imputar por estafa a representantes legales de la constructora

Los representantes legales de Inversiones La Venezolana, C.A. se niegan desde hace siete a ocho años a entregar inmuebles a al menos 20 familias propietarias

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Apure.- Al menos 20 propietarios de apartamentos del Conjunto Residencial Sol de Apure, ubicado al lado del urbanismo Santa Inés, exigieron al Ministerio Público este miércoles 2 de octubre designar un fiscal nacional en materia inmobiliaria para resolver caso de estafa en la venta de apartamentos de este conjunto residencial por parte de los representantes legales de Inversiones La Venezolana C.A, los ciudadanos Ramez Al Hossin Nasser y Bouhra Nasser, quienes alegan que no entregarán los apartamentos porque trabajan a pérdida.

Los agraviados piden al Ministerio Público hacer justicia porque un aproximado de 20 familias están en riesgo y las están desalojando de las viviendas que ocupan, mientras que otras viven alquiladas en habitaciones a la espera de estos apartamentos e inclusive aseguraron que protocolizaron los documentos de los inmuebles sin haber recibido los apartamentos.

Los agraviados denunciaron que los apartamentos fueron adquiridos en el año 2012 y desde ese momento los representantes legales de Inversiones La Venezolana C.A, se han negado a entregarlos | Foto: María Eugenia Díaz

En tal sentido, Laura Maya denunció que dichos apartamentos fueron adquiridos en el año 2012 y desde ese momento los representantes legales de Inversiones La Venezolana C.A, se han negado a entregarlos, además de que carecen de servicios básicos y algunos son obra gris.

“En Apure no nos quieren dar respuesta de este caso. Hemos acudido a la Alcaldía, a Hidrollanos, porque la constructora encargada no contaba con la permisología necesaria para ejecutar la obra. Algunas empresas le han ofrecido al dueño de la constructora instalar servicios públicos en el conjunto residencial, pero este se ha negado porque asegura que no tiene capital para cumplir con este compromiso”, argumentan afectados.

Los agraviados rompen el silencio

Chabuca Vásquez actualmente reside en el barrio Santa Juana con su familia —madre y un hijo de cuatro años y asmático— en una casa prestada de la que le están pidiendo desalojo. A su vez, Vásquez recordó que en el año 2012 firmó una opción de compra y el encargado de la obra “nos evade. No nos ha querido entregar el inmueble. Nos costó bastante cancelar la inicial y cuotas. Estamos reclamando nuestros derechos. Me siento burlada. Quiero que me entreguen mi apartamento”, expresó.

Por su parte, Katy Gallardo, otra agraviada, vive actualmente alquilada junto a su hija en una habitación ubicada en la avenida Miranda. Pero los propietarios desde el mes de mayo de este año le han solicitado a Gallardo el desalojo del inmueble, por lo cual exige a Nasser que le entregue su apartamento.

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“Con mucho esfuerzo y trabajo adquirí mi vivienda y ahora este señor nos sale con mentiras. Siempre incumple la fecha entrega. Mi apartamento no tiene cableado interno ni ventanas. Pedimos que nos entreguen el apartamento”, declaró.

Los afectados denuncian que el MP se niega a investigar el caso porque hay fiscales involucrados con la empresa inmobiliaria. Foto: María Eugenia Díaz

La abogada Nervis Mijares, también agraviada, aseguró que el representante legal de Inversiones “La Venezolana C.A”, así como su esposa, se niegan a entregar los inmuebles a estas familias a pesar de que los apartamentos están prácticamente listos para habitar.

Glenda Mora es docente y madre de dos niños. Lamenta haber vendido su carro para comprar este apartamento y ser luego estafada.

“Hemos hecho de todo y hemos hecho sacrificios para comprar este apartamento. Vivo alquilada con mi esposo e hijo. Inclusive frisamos las paredes del apartamento. Señor Nasser, cumpla su promesa. Nos ofreció en el año 2012 un apartamento. Pero ahora mis dos hijos viven en solo cuarto. Merecemos vivir cada uno en su habitación. Deje de mentir, señor Rames. Me siento súper afectada emocionalmente; mi hija tiene 16 años y no le puedo ofrecer nada”.

Propietarios víctimas de estafa aseguraron que para el día 14 de septiembre del año pasado al menos 20 agraviados introdujeron la respectiva denuncia ante el mismo Ministerio Público y hasta la fecha este ha desestimado la causa porque entre los acusados se encuentran fiscales de esta institución. “Los fiscales se inhiben porque no quieren imputar al responsable de este caso”.

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