Valera.- Las Fuerzas Armadas Policiales del estado Trujillo, detuvieron a cuatro trabajadores de la planta de Gas Comunal, ubicada en el municipio Motatán, el pasado jueves, 28 de enero, por reclamar a la empresa el cumplimiento de la normativa laboral.
La denuncia la hizo el presidente de la Federación Bolivariana Socialista de Trabajadores de Ciudad, el Campo y la Pesca, Raúl Román, quien manifestó estar de parte de los trabajadores y dirigentes del Consejo Productivo de Trabajadores (CPT), acusados de boicot.
Según lo expuesto por Román, solamente solicitaban poder tener días libres, pues, ante la crisis del suministro de gas, los hacen trabajar jornadas de lunes a lunes para atender a las comunidades.
«Independientemente de que estemos en guerra no podemos poner a trabajar a un trabajador siete días a la semana, 30 días al mes, 365 días del año, de lunes a lunes. Los trabajadores tienen derecho a descansar, tienen derecho a estar con sus familias, los trabajadores tienen derecho a recrearse», declaró Román.
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Privados de libertad
Los ciudadanos, de quienes no facilitó la identidad, fueron detenidos luego de haber sido citados para una supuesta reunión en la prefectura de la localidad, y estuvieron detenidos en la estación de policial de Motatán, por orden de la Fiscalía Décima del Ministerio Público.
Este sábado, 30 de enero, fueron presentados en los tribunales y un juez les dictaminó privativa de libertad por el cargo de boicot. Decidieron su traslado a la estación policial del municipio Escuque, donde esperan la culminación del proceso judicial.
En paralelo, el representante de la federación y sus familiares exigen su liberación inmediata y piden la intervención del gobernador del estado, Henry Rangel Silva.
«Es una situación irregular y yo como dirigente sindical y revolucionario rechazo rotundamente esa acción hago un llamado al general Henry Rangel silva a que estas acciones no podemos seguirlas cometiendo», manifestó Román.
El sindicalista explicó que también es necesaria una revisión al funcionamiento de la empresa, manejada por la gobernación y el general Wilson Marín, que a su juicio funciona como compañía anónima y no una institución en beneficio de la población.
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