Presidente de Fundación El Amparo: Fiscal de la CPI es cómplice de Maduro

El diputado jubilado de la Asamblea Nacional y presidente de la Fundación El Amparo considera que Bensouda incurrió en los delitos de negligencia grave y complicidad

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Walter Márquez considera que la comunidad internacional debe ejercer presión ante la CPI. Foto: Mariana Duque

San Cristóbal. Ante el retraso de la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, para dar respuestas del informe preliminar que lleva adelante sobre la acusación en contra de Nicolás Maduro, por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad, el diputado jubilado de la Asamblea Nacional y presidente de la Fundación El Amparo, Walter Márquez, manifestó este viernes 12 de junio en rueda de presa, que la comunidad internacional debe solicitar que sea removida del cargo y se inhiba del caso Venezuela.

Destacó que Bensouda incurrió en los delitos de negligencia grave y complicidad.

“La Fiscal es responsable de retrasos injustificados y de negligencia criminal en el inicio, la tramitación y la resolución de más de 120 causas contra Nicolás Maduro y miembros de su gobierno. Países como Chile, Colombia, Paraguay, Argentina, Perú y Canadá, pidieron investigar a Maduro por crímenes de lesa humanidad, con base en un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) de mayo de 2018, elaborado por un equipo designado por el secretario General, Luis Almagro, que concluyó que había fundamentos razonables para investigar a Maduro por crímenes de lesa humanidad”, explicó.

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Destacó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó el pasado 11 de junio que tenía razones para creer que hay corrupción y mala conducta en los más altos niveles de la oficina del Fiscal de la CPI, por lo que solicitará sanciones.

Acotó que también el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, manifestó que la CPI está politizada contra Estados Unidos y contra su propio país, pero cierra los ojos ante los peores violadores de derechos humanos en el mundo.

El anterior Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Zeid Ra Ad Al Hussein, pidió en junio de 2018 que se investigaran los crímenes de lesa humanidad en Venezuela, precisó Márquez. También lo hizo la Cancillería argentina, el Grupo de Lima, el parlamento europeo, más de 200 diputados de América Latina, Luisa Ortega Díaz, Tamara Sujú, William Cárdenas Rubio y más de 190 senadores de Chile y Colombia sin obtener respuesta.

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“Es inocultable que ella tiene un compromiso de paralizar o retrasar las investigaciones contra el régimen venezolano, a través de la embajadora de Venezuela en La Haya, Haifa El Aissami, por lo que las víctimas de crímenes de lesa humanidad y la comunidad nacional e internacional deben exigir que se inhiba de seguir conociendo esas causas o sea removida del cargo por su responsabilidad disciplinaria y corrupción procesal”, afirmó Walter Márquez.

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