Escritos sobre la crisis en los servicios públicos, colapso en el sector de la salud, situación de los presos políticos y torturas a detenidos, fueron algunos de los puntos expuestos al comité que estuvo dispuesto en la Defensoría del Pueblo en Cúcuta, así como en una sala de conferencia donde hubo derechos de palabras.
Gladys Jaimes, representante de la Central de Trabajadores Alianza Sindical Así Venezuela, denunció que tres líderes sindicales están presos injustamente por pedir mejoras laborales al gobernador del estado Sucre. Pidió además a la Cidh medidas cautelares de protección, pues temen por su integridad.
De igual manera, Movimiento Vinotinto, en apoyo a la Central de trabajadores, habló respecto a la situación laboral de todos los venezolanos, quienes perciben cinco dólares para cubrir sus necesidades.
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Por su parte, Beatriz Salas, en representación de la organización Proyecto 860, presentó un informe sobre salud en Táchira, haciendo especial mención en cómo se encuentran los pacientes renales. También indicaron con detalles la vulneración a la salud, cual es la situación alimentaria y de servicios en general.
La Coalición por los Derechos Humanos presentó los casos de militares que son presos políticos y han sido víctimas de torturas, de tratos crueles e inhumanos. “Hay 208 militares presos y 180 civiles, a todos se les violan sus derechos, los torturan de las peores maneras existentes y por ello creemos pertinente esta visita de la Cidh, para hablar sobre ellos”, dijo Leonardo Manrique, representante de la Coalición.
Fundaredes, representada por la abogada Clara Ramírez, denunció el uso de las cajas Clap como instrumento de manipulación por parte de grupos irregulares para la captación de niños que formen parte de ellos.
Además, pacientes renales, trasplantados, con hemofilia y VIH, entregaron documentos dando testimonios de la crisis asistencial que se vive, no solo en el estado Táchira, sino en toda Venezuela.
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