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domingo, 18 abril, 2021

Observatorio de la ULA: deterioro de infraestructura universitaria obstaculiza reinicio de clases

El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes advierte sobre las dificultades que hay en materia de infraestructura universitaria y que impiden un reinicio de clases seguro en medio de la pandemia

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Mérida.- Mayoría de baños inhabilitados, falta de agua potable en universidades completas y deterioro generalizado de la infraestructura universitaria son los principales factores que obstaculizan el reinicio de clases presenciales que Nicolás Maduro anunció para todos los niveles a partir del próximo mes de abril. Así lo aseguró en una nota de prensa el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA).

«Reiniciar clases presenciales en las actuales condiciones en las que se encuentran las universidades venezolanas impide garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas ante el coronavirus y cumplir a cabalidad los objetivos de la enseñanza. La falta de servicios básicos como el agua potable en espacios universitarios, el desmantelamiento del que han sido víctimas las instituciones educativas y la escasez de transporte y de combustible para vehículos particulares son los principales factores que hacen inviable la reincorporación de forma presencial en la fecha anunciada por Maduro», señaló la organización en una nota de prensa difundida el pasado 23 de febrero.

Aunque Maduro pospuso este lunes 1° de marzo la fecha de reincorporación presencial a clases para el mes de abril, el ODH-ULA asegura que en tan poco tiempo es imposible garantizar las condiciones mínimas necesarias para un regreso a clases seguro. Este observatorio resalta la falta de presupuesto como principal factor para reparar y reponer lo que ha sido robado, hurtado o deteriorado por la delincuencia y la falta de mantenimiento.

«Lo que los delincuentes han robado, hurtado, dañado o destruido en las universidades venezolanas forma parte de los recursos materiales indispensables para dictar clases presenciales, desde mobiliario para las aulas hasta equipos y materiales de laboratorios, así como libros, piezas para el funcionamiento de servicios básicos, papelería, equipos de computación y partes de las infraestructuras universitarias», dice la organización.

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Sin agua, baños, transporte ni gasolina

Giannina Fusco, profesora de la Universidad de Carabobo (UC) y coordinadora del proyecto de extensión de esta misma institución llamado Visibilización y Educación de los Derechos Humanos (DD.HH.), dijo al ODH-ULA que en ninguna de las Facultades que tiene la UC en el estado Carabobo hay servicio de agua potable desde hace cuatro años.

«En la Universidad de Los Andes (ULA), por su parte, la mayoría de los baños existentes en Facultades, Núcleos y Extensiones en los estados Mérida, Táchira y Trujillo están inhabilitados por falta de productos de limpieza para mantener su aseo, así como por el robo de inodoros, lavamanos y otras piezas que no se pueden reponer debido a la asfixia presupuestaria impuesta a las universidades desde el año 2009″, agrega el observatorio.

En cuanto a las posibilidades de traslado hasta los espacios universitarios por parte de docentes y estudiantes, el ODH-ULA señala las dificultades existentes en cuanto a disponibilidad de transporte público y acceso a gasolina para vehículos particulares.

«El costo del transporte público, cuyo precio mínimo del pasaje está fijado en 100.000 bolívares en todo el país, es impagable para profesores y trabajadores universitarios, cuyo salario máximo no supera actualmente los cinco dólares mensuales. La escasez de gasolina subsidiada, la única que podrían pagar los universitarios, es otra limitante en este aspecto», dice la referida nota de prensa institucional.

Desde que se inició la cuarentena por la pandemia de COVID-19 en Venezuela, el 16 de marzo de 2020, el ODH-ULA ha registrado más de 250 robos, hurtos, invasiones y distintos actos de vandalismo en espacios de al menos 11 universidades públicas del país.

La organización denuncia que la mayoría de estos hechos permanecen impunes e insta al Estado venezolano a garantizar las condiciones mínimas de infraestructura, transporte y salud ante la pandemia de cara a un posible reinicio de clases presenciales.

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