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domingo, 22 mayo, 2022

Observatorio de Derechos Humanos de la ULA presentó segundo informe del 2019

Ejecuciones extrajudiciales, represión estatal, impunidad y ataques a la universidad son algunas de las violaciones a los derechos humanos que ha documentado este observatorio durante este año. Algunos casos son considerados graves violaciones a los derechos humanos por la justicia internacional

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Mérida.- El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) presentó este lunes 9 de diciembre su segundo informe de 2019. Algunos de los casos documentados por este observatorio constituyen graves violaciones a los derechos humanos, categoría utilizada por el derecho internacional para referirse a hechos considerados ilícitos internacionalmente.

La presentación del informe, titulado «Situación general de los derechos humanos en Venezuela con especial referencia a la región andina. Junio-diciembre 2019», tuvo lugar en el salón ULA-BCV de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la ULA. Familiares de víctimas, invitados especiales y miembros de la sociedad civil asistieron a esta actividad realizada durante toda la mañana.

Mayda Hocevar, directora del ODH-ULA, resaltó la participación de esta organización en el 174° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), celebrado en Quito, Ecuador, en noviembre pasado. «Es importante resaltar que es gracias al trabajo de documentación que hacen las organizaciones nacionales de derechos humanos que las instancias internacionales conocen lo que ocurren en Venezuela y determinan que aquí hay una emergencia humanitaria compleja», destacó.

Ejecuciones extrajudiciales, represión e impunidad

María Castillo e Iván Toro, abogados que conforman el equipo jurídico del ODH-ULA, enumeraron las ejecuciones extrajudiciales cometidas en la región andina del país durante este año, así como las lesiones graves e irreparables causadas a manifestantes en el marco de la represión estatal.

«Entre enero y junio de 2019 en el estado Mérida han sido asesinadas tres personas por funcionarios policiales estando en el ejercicio de sus funciones. En todos los casos hubo uso indiferenciado de la fuerza y se violaron los estándares nacionales e internacionales de actuación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley», precisa el informe del ODH-ULA.

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En cuanto a las consecuencias irreparables de la represión estatal, el observatorio ulandino destacó el ataque con perdigones propinado por un funcionario policial al adolescente Rufo Chacón, quien perdió ambos ojos el pasado 1° de julio mientras participaba en una protesta pacífica por falta de gas doméstico en Táriba, estado Táchira.

Los abogados del ODH-ULA destacaron que en la mayoría de los casos documentados ha habido retardos e irregularidades en los procesos judiciales, así como denegación de justicia y reparación por parte del Estado a las víctimas directas o víctimas por extensión.

Detenciones arbitrarias

El caso del estudiante de la ULA Erickvaldo Márquez, detenido en su casa el 13 de septiembre de 2017 por un hecho ocurrido cinco meses antes, en el marco de las protestas sociales que tuvieron lugar en Mérida y otros estados del país, también fue destacado en la presentación del referido informe.

Márquez continúa privado de libertad en condiciones inhumanas, según ha constatado el ODH-ULA en visitas al centro de reclusión donde se encuentra. «Las audiencias de juicio han diferidas sin ninguna justificación en cuatro oportunidades. La madre del detenido ha tenido que correr con todos los gastos del traslado del detenido desde su centro de reclusión hasta la sede de los tribunales penales», precisa el informe sobre este caso.

Zulay Moreno, madre de Erickvaldo Márquez, estuvo presente durante la presentación del informe y agradeció al ODH-ULA su mediación como representantes jurídicos de su hijo.

Robos y ataques a la ULA

Por su parte, Holaya Peña, investigadora del ODH-ULA, presentó a los asistentes un recuento de los robos que ha sufrido la Universidad de Los Andes en las dependencias que tiene en los estados Mérida, Táchira y Trujillo. Más de 80 hurtos ha sufrido esta casa de estudios durante 2019, sin que ninguno de ellos haya sido investigado por las autoridades competentes, precisó Peña.

Los ataques a la ULA también se materializaron en grafitis con mensajes políticos pro oficialistas hechos a la fachada del Rectorado en agosto pasado. Todos estos ataques son documentados por el ODH-ULA como violaciones a la libertad académica.

Fallas constantes en servicios básicos

El ODH-ULA también ha documentado las fallas en los servicios de electricidad, agua, gas doméstico, combustible para vehículos y telecomunicaciones sufridas por los habitantes de los estados andinos del país.

Solo en fallas de luz, esta región del país, junto al estado Zulia, concentra la mayor cantidad de apagones sufridos durante este año, tras el primer apagón nacional registrado el pasado 7 de marzo.

Además de los representantes del ODH-ULA, en esta actividad también participaron tres invitados especiales: Alexis Dávila, abogado y profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la ULA; Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes, y Judith Zambrano, activista del organismo Justicia y Paz, orden de predicadores dominicos del estado Mérida.

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