Mérida | Víctimas indirectas de asesinato ocurrido en 2019 no han recibido indemnización

Madre, pareja e hija de Wuilderman Paredes Moreno, asesinado por un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana en una cola de gasolina en Mérida hace dos años, no han sido reparadas ni indemnizadas por el Estado venezolano. Así lo denuncia el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes este 8 de junio

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El 8 de junio de 2019 fue asesinado Wuilderman Paredes Moreno por un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana en una cola de gasolina en Mérida. Foto: cortesía ODH-ULA

Mérida.- Este martes 8 de junio se cumplen dos años del asesinato de Wuilderman Paredes Moreno, ocurrido en una cola de gasolina en Mérida a manos de un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Aunque el autor material del asesinato fue condenado a 18 años de prisión, las víctimas indirectas del homicida, que son la madre, pareja e hija del fallecido, no han sido reparadas ni indemnizadas por el Estado venezolano.

El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA), cuyos abogados representan a las referidas víctimas indirectas, denunció este martes 8 de junio en una nota de prensa institucional que las tres mujeres, entre ellas una menor de edad de apenas 2 años y medio, quedaron desamparadas tras el asesinato de Wuilderman Paredes, pues era él quien las sostenía económicamente.

«María Leonora Moreno, madre del fallecido, y Zulibeth Dugarte, pareja y madre de una niña hija de ambos, no han recibido hasta la fecha ninguna reparación por parte del Estado venezolano, ni siquiera unas palabras de perdón o consuelo, pese a que son las víctimas indirectas del asesinato de Wuilderman Paredes», alertó el ODH-ULA.

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Dugarte y su pequeña hija, que apenas tenía 6 meses de nacida cuando mataron a su papá, dependían absolutamente de él. Tras su asesinato ambas sobreviven con ayudas que les dan familiares. La justicia venezolana ni siquiera admitió una denuncia que exigía al Estado cumplir con su deber de indemnizarlas.

«El tribunal de juicio del caso desestimó la denuncia hecha por los abogados del ODH-ULA, quienes representan a las tres víctimas por extensión, sobre el deber del Estado de repararlas, siendo que quien asesinó a Wuilderman Paredes fue un policía que actuó en el ejercicio de sus funciones acatando la orden de disparar dictada por su superior», recuerda el Observatorio.

Leyes las amparan

En el Código Orgánico Procesal Penal Venezolano (Copp), específicamente en su artículo 121, se define quiénes son consideradas víctimas de un delito, además de las personas directamente afectadas. Son las llamadas víctimas indirectas o víctimas por extensión. El numeral 2 señala explícitamente lo siguiente:

«El o la cónyuge o la persona con quien mantenga relación estable de hecho, hijo o hija, o padre adoptivo o madre adoptiva, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, y al heredero o heredera, en los delitos cuyo resultado sea la incapacidad o la muerte del ofendido u ofendida».

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El ODH-ULA hace referencia a otras leyes e instrumentos jurídicos nacionales e internacionales donde están previstos los derechos de las víctimas indirectas y las obligaciones que los Estados tienen para velar y hacerlos cumplir.

Los hechos

Wuilderman Paredes fue asesinado cuando el entonces jefe de la PNB, Juan Bautista Cordero Freitez, ordenó a sus subalternos disparar contra personas que tenían más de una semana esperando en una cola para surtirse de gasolina en la estación de servicio de Los Llanitos de Tabay, municipio Santos Marquina del estado Mérida.

En el hecho también resultaron heridos de bala Gerardo y Luis Paredes, primos del fallecido, pero solo el policía que mató a Wuilderman fue condenado a prisión. Los demás funcionarios involucrados quedaron en libertad plena el 23 de marzo de 2021. El ODH-ULA denunció en reiteradas ocasiones irregularidades en el caso.

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