Valera.- Una matrícula de más de 500 estudiantes de la Universidad Nacional Abierta (UNA), en su núcleo Trujillo, están en riesgo de quedarse sin sede debido a la petición de desalojo hecha por la Procuraduría General del estado a finales de noviembre de 2019.
Les enviaron una carta y los visitaron para exigirles que se retiraran antes del 12 de enero. La comunidad universitaria se opone, por considerar la medida como una violación a sus derechos. “Nosotros reunimos a la comunidad universitaria para dejar constancia de que no estábamos de acuerdo con dicho desalojo, porque están cercenando el derecho a la educación de más de 500 personas que hacen vida activa como estudiantes», declaró Pedro Villarreal, profesor de la UNA.
La universidad, ubicada en la Avenida Cuatricentenaria, Urbanización La Vega del municipio Trujillo, ha funcionado por más de 30 años en la región. Tiene activas ocho carreras de pregrado y cuatro de posgrado, todas ellas a disposición de quienes son procedentes de los 20 municipios de la región. “El rector, Manuel Castro Pereira, se reunió con el ministro de Educación Superior, César Trómpiz, y acordaron una mediación con la Gobernación. Debemos cederle trescientos metros cuadrados de nuestra infraestructura” dijo Villarreal.
Sin embargo, el Comité en Defensa de los Derechos de los Estudiantes aboga por no hacerlo, pues tendrían que desocupar los espacios donde funcionan la bóveda de documentos académicos, el laboratorio de computación y los salones para asesorías de matemáticas, dificultades de aprendizaje y educación integral.
Oficinas de Agropatria
Yorvis Parra, coordinador de comunicación de esta organización y estudiante de educación, explicó que las autoridades pretenden instalar unas oficinas de Agropatria. “La sede va a ser ocupada supuestamente por ellos para instalar unas oficinas de Agropatria. Me parece algo ilógico. Si quieren construir un Trujillo potencia y preocuparse por los agricultores, deberían ir a los campos, escucharlos, y no invadir universidades” dijo Parra.
Los declarantes aseguran no tener otra opción para trasladarse y, por años de funcionamiento, tienen prioridad. “En la actualidad no tenemos ningún sitio. Nuestras autoridades nos han dicho que por efectos de tiempo, el comodato es de nosotros. Para que se dé el cese de dicho comodato la Gobernación tendría que facilitarnos un espacio tan amplio como el que tenemos”, agregó el profesor Villarreal.
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