Mérida.- Retardo procesal, irregularidades judiciales, falta de comida y de atención médica, brotes de enfermedades por condiciones de insalubridad e irrespeto a las visitas son las principales violaciones a los derechos de privados de libertad en Mérida que denunciaron familiares en una protesta pacífica realizada este lunes, 8 de noviembre, a las afueras del Circuito Judicial Penal de este estado.
Luz Marina Manrique, cuyo hijo tiene cinco años preso, denunció a la prensa que el juicio de él se inició con excesivo retardo procesal y que el juez asignado para el caso ha actuado de forma parcializada. «(El juez) está parcializado con la parte contraria. No se están cumpliendo las leyes. La defensa tuvo que desistir, no asistir más a la sala, porque de verdad lo que estaba haciendo el juez era incorrecto. El Fiscal se le fue a golpes a la defensa», dijo.
Manrique hizo un llamado a las autoridades competentes nacionales para que envíen una comisión de funcionarios a Mérida y revisen las irregularidades que ocurren en los distintos centros de detención, exhorto en el que también incluyó a la directora del Centro Penitenciario de la Región Andina (Cepra). «No se deje comprar, no se deje vender. Ya basta de tantas injusticias», le expresó.
No hubo huelga de hambre
El Pitazo conversó vía telefónica con la hermana de otro preso recluido en el Cepra, a propósito de la huelga de hambre que ONG informaron que habían iniciado allí el día anterior más de 600 privados de libertad. Esta familiar, cuya identidad pidió resguardar, aclaró que la huelga no llegó a hacerse porque los presos llegaron a acuerdos con la directora del penal. Sin embargo, exigen que el subdirector del recinto sea destituido.
«Yo pude hablar con mi hermano ayer y me dijo que no hicieron la huelga de hambre porque hablaron con la directora para que se volviera a permitir el ingreso de comida al retén, que había sido suspendido por el subdirector. Ese subdirector, llamado Teylor, es quien le viola los derechos a los presos y maltrata a los familiares. Me dijo mi hermano que redujo el tiempo de las visitas semanales y prohibió las visitas conyugales», declaró a El Pitazo.
Las organizaciones no gubernamentales Una Ventana a la Libertad (UVL) y el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) han denunciado desde hace años, incluso ante instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), distintas violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad en Venezuela.
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