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Mérida.- Un grupo de familiares de personas recluidas en el Centro Penitenciario de la Región Andina (Cepra), ubicado en el municipio Sucre del estado Mérida, pidieron este lunes 11 de enero al gobierno de Nicolás Maduro que los tribunales penales del país funcionen plenamente para que se reactiven las audiencias que quedaron suspendidas con el inicio de la cuarentena nacional por el COVID-19, se aprueben redenciones y se otorguen libertades en los casos que corresponda.
En declaraciones ofrecidas a la prensa desde la plaza Glorias Patrias de la ciudad de Mérida, Daniela Márquez, vocera de los familiares de los presos, dijo que «hay alrededor de 250 personas detenidas en el Cepra, que están a la espera de medidas especiales para salir en libertad».
Por su parte, Judith Vega, abogada y representante del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) en Mérida, resaltó que la paralización de los procesos judiciales por la cuarentena aumenta el retardo procesal.
«La intención es que las audiencias se realicen normalmente y que los juicios continúen, pues lo importante es minimizar el retardo procesal que existe, aun cuando en diciembre se agilizaron algunas causas fueron beneficiadas un reducido grupo de personas. Lo que está en juego es la libertad de las personas, que como todos sabemos es un derecho fundamental de todo ser humano», refiere Vega.
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Los familiares recordaron que en la cuenta de Twitter del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el 7 de noviembre de 2020 se informó que trabajarían ininterrumpidamente durante las semanas de cuarentena y flexibilización, pero en la práctica esto no ha ocurrido.
Protestas por hambre y sed
Durante 2020 los presos del Cepra protestaron en al menos dos ocasiones debido a la falta de alimentos y de atención médica. El OVP denunció en agosto que los reclusos de este retén tomaban agua contaminada que recogían de la quebrada La Sucia, donde abundan heces de animales y otros desechos, debido a que no tenían acceso a agua potable.
En septiembre de 2020 el Ministerio Público informó a través de una nota de prensa que Óscar Briceño, quien fungía como director del Cepra, fue privado de libertad por su presunta responsabilidad en la sustracción de alimentos destinados a ese centro de reclusión.
