Exigen devolver salarios suspendidos a 1.500 docentes del Táchira por protestar

La coalición sindical hizo la denuncia y acordó con las autoridades de la Zona Educativa el reintegro de los salarios, pero esto no se ha hecho efectivo

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Pedro Guillén, representante de la coalición sindical docente del estado Táchira. Foto: Mariana Duque

San Cristóbal.- A 1.500 docentes del estado Táchira la Zona Educativa (ZET), les suspendió el salario desde la última quincena de abril. La medida se debe a su participación en las protestas que convocó el gremio desde el 7 de enero para exigir mejoras salariales y contractuales.

El coordinador de la Coalición Sindical de los trabajadores de la educación en el Táchira, Pedro Guillén, manifestó que los municipios con mayor cantidad de educadores afectados son Junín y Michelena, pero también están en la lista los de Guásimos y San Cristóbal. Considera que debe entregarse un balance de los docentes que han acudido a la ZET y a Consultoría Jurídica a llevar adelante su procedimiento y a que les den el salario.

“Según la Zona, los salarios se iban a devolver durante la última quincena de mayo y ahora se habla que la posibilidad es para el 10 de julio. Nos preocupa la cercanía del pago de las vacaciones; estos docentes podrían quedarse sin recibir ese tipo de pago si de una vez por todas no se le da celeridad a este caso”, acotó.

Destacó que se trata de 1.500 familias que están sin recibir un salario. A pesar de haber instalado unas mesas de trabajo para que les sea reintegrado el sueldo, siguen a la espera de que les digan a cuánto les depositarán y qué pasará con quienes no han acudido a la Zona Educativa.

Sin derecho a la defensa

Un profesor de la Unidad Educativa José Romero Ortíz, ubicada en la ciudad de Rubio, municipio Junín del estado Táchira, quien prefirió ocultar su nombre, indicó a El Pitazo que en este lugar del estado han sido afectados con la suspensión del salario más de 50 docentes.

Denunció que con ello se viola el derecho al debido proceso, porque ni siquiera les permitieron el derecho a la defensa. La Zona Educativa alegó que estaban en desacato.


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Nos suspenden el salario sin haber iniciado el proceso de averiguación, de investigación ni un proceso administrativo como lo establece la ley”, dijo.

Precisó que en Rubio hay dos docentes en grave estado de salud que no pueden ayudarse ni siquiera con el salario que ganan: una profesora que padece cáncer y un profesor que sufrió un ACV y se encuentra en estado crítico. Al exigir que les sea devuelto el sueldo, a algunos les dijeron que este iba a ser reintegrado y a otros los expulsaron de la Zona Educativa.

“Muchos de estos docentes se encontraban en proceso de incapacitación, de reposo, de reposo pre y post natal, pero igual les quitaron el salario. A la docente que tiene los tumores cancerígenos la han hecho trabajar; pareciera que no hay un sentido humano de parte de la gente de la Zona Educativa”.

Combustible

En lo que se refiere a la escasez de combustible en la entidad, Pedro Guillén indicó que 50 % de los alumnos y docentes no asisten a las aulas de clase porque no tienen cómo movilizarse. En el caso de los niños, porque algunos tienen que hacer las colas con sus padres por no tener dónde dejarlos y en el caso de los adolescentes, porque les toca ayudar a hacer la fila.

“Estamos exigiéndole a la Zona Educativa Táchira que en correspondencia con la cláusula 87 de la contratación colectiva se convoque de inmediato a una reunión extraordinaria del Comité de Evaluación y Seguimiento, vista la situación por la que está pasando el estado producto de la ausencia de combustible y del transporte para que los docentes puedan llegar a su sitio de trabajo, y la grave situación por la que está pasando la familia tachirense, donde hay familias amaneciendo frente a las estaciones de servicio, de manera que a los niños del estado Táchira se les dificulta acudir a las instituciones educativas. Debe haber un plan de contingencia y de emergencia”, resaltó.

También solicitó hacer contraloría social sobre la estación de servicio Guadalupe, que les presta atención a docentes nacionales, porque presuntamente se registran irregularidades.

“La idea es que los docentes puedan cumplir con sus respectivos horarios, pero hay largas colas y negociaciones irregulares que no les permiten abastecer”, acotó Guillén.

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