Táchira.- El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODHULA) registró, desde el domingo 28 de julio hasta las 7:00 p.m. del martes 30 de julio, al menos 76 detenciones en los estados Mérida, Táchira y Trujillo, durante manifestaciones en contra de los resultados ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que dan ganador a Nicolás Maduro.
De acuerdo con el boletín, el Observatorio, las Organizaciones No Gubernamentales y la red de abogados propios han levantado reportes en los estados andinos que evidencian detenciones arbitrarias.
Se detalla que en el estado Trujillo es donde hay más detenidos: 50 personas; en Mérida 22 y en Táchira 4; sin embargo, Raquel Sánchez, coordinadora del Foro Penal en la entidad, dijo que tienen aún por confirmar algunas aprehensiones que subirían la cifra a 18 en total.
En su cuenta de X, Tarek William Saab, fiscal de la administración de Nicolás Maduro, publicó que ocho personas fueron detenidas en la Cuesta del Trapiche, en San Cristóbal.
“Aprehendidos para ser imputados ocho sujetos, por los delitos de terrorismo, incitación al odio, detentación de sustancias incendiarias, obstaculización de vías y asociación”, publicó el funcionario oficialista.
El Observatorio de Derechos Humanos precisó en su boletín que entre los detenidos: «Hay tres miembros de la comunidad ulandina, el profesor Gustavo Torres (Departamento de Ciencias Sociales) y los estudiantes Gerson Morillo (Medicina) y Paúl León (Comunicación Social), también camarógrafo del medio VPITV, todos del Núcleo Rafael Rangel del estado Trujillo”.
Sobre Mérida, el comandante de la Zona Operacional de Defensa Integral (ZODI), Rubén Darío Belzares, indicó que de las 22 personas detenidas, 10 son adolescentes.
También se registran 65 violaciones de derechos humanos desde el inicio de la instalación de mesas de votación, el viernes 26 de julio, hasta el día de la elección, el domingo 28 de julio.
“Estos casos incluyen impedimentos a miembros y testigos de mesa para acceder a centros de votación; retrasos en la apertura de centros de votación; amedrentamientos, agresiones físicas y verbales, y coacciones a electores para que votaran por el candidato a la reelección; mal funcionamiento de máquinas electorales; presencia de puntos de partidos políticos a menos de 100 metros de centros de votación y limitaciones al trabajo de la prensa”, relata el Observatorio.
Detalla, además, que los agresores fueron efectivos militares y policiales, miembros de mesas de votación y simpatizantes del oficialismo: “algunos de estos últimos armados”.
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