Consejo Universitario de la ULA rechazó sentencia del TSJ sobre elecciones universitarias

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Mérida.- En sesión extraordinaria y ampliada celebrada el jueves 5 de septiembre en la sede del Rectorado de la Universidad de Los Andes, el Consejo Universitario (CU) de esta casa de estudios rechazó la sentencia N°324, emitida por el TSJ el pasado 27 de agosto, la cual establece nuevas normas de convocatoria y realización de elecciones universitarias.

Representantes de varios gremios de la ULA discutieron durante casi cuatro horas sobre la referida sentencia, fijando posiciones y haciendo propuestas. Finalmente, el CU decidió rechazarla mediante la elaboración de un documento donde se evidencie la naturaleza política de esa sentencia y sus aspectos anticonstitucionales y contrarios al orden jurídico.

Elecciones sí, pero con normas constitucionales

El CU de la ULA también decidió designar una comisión que elabore un reglamento electoral basado en lo establecido en el artículo 109 de la Constitución nacional, referido a la autonomía universitaria. La mayoría de los asistentes a esta sesión del CU estuvieron de acuerdo en que es necesaria la realización de elecciones en todas las universidades del país, incluidas también las experimentales.


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En este sentido, el CU acordó que la propuesta de reglamento electoral se presente pronto para ser sometida a la consideración del claustro universitario, a fin de convocar cuanto antes a elecciones. El CU también recordó que el mismo TSJ fue quien suspendió la realización de elecciones universitarias hace más de ocho años.

Acciones ante instancias nacionales e internacionales

Además de rechazar la referida sentencia, el CU acordó solicitar a la Asamblea Nacional (AN) pronunciarse sobre la misma y tomar las acciones correspondientes en defensa de la Constitución y la autonomía universitaria. Así mismo, solicitarle a dicha institución que designe los dos miembros al Consejo Nacional de Universidades (CNU) que tienen el período en su cargo vencido.

Finalmente, el CU solicitó al Observatorio de Derechos Humanos de la ULA (ODH-ULA) elaborar un informe sobre las irregularidades jurídicas y constitucionales que contiene la sentencia N°324, a fin de remitirlo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, como una muestra más de las violaciones a la libertad académica y los derechos de los universitarios.

Para el próximo 26 de septiembre se tiene previsto realizar un Consejo Universitario ampliado en el Aula Magna de la ULA, donde participe no solo la comunidad universitaria, sino también la sociedad civil y todas las fuerzas políticas y gremiales de la entidad.

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