Abogados denuncian irregularidades en juicio a policías por asesinato en Mérida

Los representantes jurídicos de las víctimas por extensión del fallecido alegan ausencia de igualdad en las partes durante el proceso. Wuilderman Paredes fue asesinado en una cola de gasolina por un funcionario de la Policía Nacional en junio de 2019

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Los abogados del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes son los representantes de las víctimas por extensión del asesinado, que son su madre y su pareja. Foto: María Fernanda Rodríguez.

Mérida.- El miércoles 22 de enero inició el juicio por el asesinato de Wuilderman Paredes, perpetrado por un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) el 8 de junio de 2019. Este hecho ocurrió en el contexto de una cola para surtir gasolina que llevaba más de una semana en el sector Los Llanitos de Tabay, municipio Santos Marquina del estado Mérida.

Tras más de siete meses del asesinato, donde también resultó gravemente herido Gerardo Paredes, primo de la víctima, los abogados del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) denuncian que el inicio del juicio estuvo plagado de irregularidades que violan el principio de igualdad entre las partes, consagrado en el Código Orgánico Procesal Penal (Copp).

“El artículo 12 del Copp establece que corresponde a los jueces garantizar sin preferencias ni desigualdades la justicia, y no fue lo que ocurrió en el inicio de este juicio. Los imputados y los abogados de los imputados tuvieron un trato y las víctimas otro”, aseguró María Alejandra Castillo, abogado del ODH-ULA y una de las representantes jurídicas de las víctimas por extensión de este caso.

En nota de prensa el ODH-ULA también señala que el inicio del juicio fue diferido en tres ocasiones y que no hubo la debida citación a las víctimas, impidiendo que pudieran nombrar con tiempo una representación legal.

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Víctimas por extensión están desamparadas

En cuanto a los derechos que tienen las víctimas por extensión de este caso, el ODH-ULA rechaza la violación del artículo 49 de la Constitución nacional y el 23 del Coop, concernientes al derecho a la defensa y asistencia jurídica en todas las fases del proceso penal y a la protección y reparación de daños a los que tengan derecho las víctimas, respectivamente.

“Los abogados del ODH-ULA somos apoderados de las víctimas por extensión, que son María Leonora Moreno, madre de Wuilderman Paredes, y Zulibeth Dugarte, pareja de la víctima y madre de una bebé de un año de nacida, hija también del fallecido. Hoy el juez impidió que ellas se sentaran junto a nosotros en el proceso del juicio, violando su derecho a estar acompañadas por sus representantes jurídicos”, denunció Castillo.

El ODH-ULA también señala que en la etapa preliminar del juicio fue rechazada la acusación propia hecha por los abogados de las víctimas por extensión en razón de solicitar al Estado la debida reparación a las mismas. Esta acusación se encuentra en la corte de apelaciones.

Violaciones a los derechos de un testigo y víctima

En la primera fase del juicio declaró como testigo Gerardo Paredes, quien también fue víctima del ataque perpetrado por los seis funcionarios de la PNB que están siendo imputados. El ODH-ULA denuncia y rechaza el trato dado a este testigo por parte de los abogados de los imputados y por el juez, violando el artículo 339 del Copp. 

Mayda Hočevar, directora del ODH-ULA y otra de las abogadas de las víctimas por extensión, rechazó que durante el interrogatorio hecho a Gerardo Paredes el juez permitiera la realización de preguntas inquisitorias por parte de los abogados de los imputados. 

“Uno de los abogados de la defensa le preguntó a la víctima si sentía ira. Esa es una pregunta impertinente, y el juez no intervino para impedirla, así como no impidió ninguna de las otras tantas preguntas indebidas. Esto muestra que el Estado promueve prácticas procesales que vulneran los derechos de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales y del uso desproporcionado de la fuerza por parte de los organismos de seguridad”, agregó al respecto Hočevar.

Además de las violaciones al debido proceso señaladas, Hočevar señaló que el juez de juicio se negó a oír al abogado de Gerardo Paredes, violando el artículo 49 de la Constitución nacional.

“No me mataron porque se les acabaron las municiones»

Gerardo Paredes era mecánico de maquinaria pesada antes de ser herido por los funcionarios imputados. Las lesiones causadas le impiden volver a ejercer su oficio. Entre otros daños irreparables, la víctima perdió parte de la visión de su ojo izquierdo. 

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«Yo les gritaba que no me dispararan más. Dios me dejó vivo para que la gente sepa qué me pasó y que esto no vuelva a pasar. Lo que me pasó a mí no se lo deseo ni a los policías que me hirieron ni a sus familias”, expresó Paredes durante su intervención en el juicio.

Hočevar indicó que el ODH-ULA exige que este caso, así como todos aquellos donde el Estado ha violado derechos humanos -a través de funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones- no se repitan, que sus víctimas sean debidamente reparadas y que no haya impunidad.

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