El nuevo coronavirus circula por Venezuela en medio de inquietudes. Pese al discurso oficial, expertos en salud pública discrepan aún de la cifra casos ofrecida por el Ejecutivo, así como cuestionan las decisiones sobre el diagnóstico, abordaje y tratamiento de los pacientes contagiados con el virus

Con la confirmación de dos casos de COVID-19 el 13 de marzo de 2020, el gobierno de Nicolás Maduro ordenó a la población entrar en cuarentena para contener la propagación del virus que 15 días más tarde tenía tenía presencia en 15 estados de Venezuela. La expansión hacia gran parte de territorio comenzó a generar dudas, en principio, sobre el caso cero y el día en el que se detectó el virus en el país. Más tarde, médicos y expertos en salud pública las despejaron con la misma información oficial.

El gabinete de Nicolás Maduro, que creó una comisión presidencial para atender el coronavirus, aceptaba el arribo de casos con la enfermedad al país antes de la fecha de reconocimiento de los primeros contagios; incluso admitió que un paciente que falleció la había contraído a finales de febrero.

La inquietud también eran las cifras. Pero el mismo Gobierno dejó entrever su poca preparación para hacer frente al virus cuando reconoció que el país apenas llega a procesar unas 100 pruebas moleculares diarias para confirmar contagios valiéndose del único laboratorio autorizado, ubicado en Caracas, lo que impide que se sepa el verdadero comportamiento de la epidemia y muchos casos no se notifiquen a tiempo. En un panorama incierto, el Gobierno sostiene que controla el coronavirus y ahora, al contrario de lo que ocurrió hace tres meses y con un evidente aumento en la incidencia, Maduro ejecuta un plan de flexibilización que permitirá a los ciudadanos volver a las calles sin oír las advertencias de la comunidad médica y a espaldas de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). A continuación, algunas pistas que describen los 100 días de COVID-19 en Venezuela.

1 La Comisión Presidencial para el COVID-19 desplazó en la vocería y manejo de la epidemia al Ministerio de Salud. Esto implica, a juicio del exministro de Sanidad, José Félix Oletta, que el despacho perdió definitivamente la rectoría en los asuntos de su competencia.

2 El patrón de opacidad en asuntos sanitarios que caracteriza al chavismo no cambió. Si bien los datos sobre el COVID-19 se informan diariamente, los discursos han estado plagados de inconsistencias en los números de casos confirmados. En al menos cinco oportunidades el Gobierno se contradijo en la estadística epidemiológica. Incluso los números ofrecidos por la comisión presidencial diferían de los notificados por gobernadores y alcaldes. El discurso sanitario se ha caracterizado por un marcado matiz político y propagandístico. El Gobierno se valió de sus apariciones públicas para atacar a sus adversarios políticos, tanto nacionales como internacionales.

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3 El país enfrenta un nuevo virus con un sistema hospitalario carente de insumos y con una reducida oferta de camas, según el epidemiólogo Alejandro Rísquez, para atender al 20% de la población que requerirá asistencia por síntomas graves del virus y, ahora, al 80% que está asintomático debido a una orden presidencial. Los médicos y enfermeras también denunciaron que no cuentan con implementos ni materiales de bioseguridad para protegerse del virus. Incluso en algunos de los 46 hospitales centinela no hay suministro de agua constante para mantener la higiene y la asepsia de los espacios. La situación produjo que el personal de salud entrara en contacto con el patógeno. Los especialistas no solo cuestionan el abordaje hospitalario, sino además, la ejecución de un esquema de tratamiento con medicinas no aprobadas por la OMS, como es el caso del Interferón Alfa B2, que el gobierno de Maduro recibe con apoyo de Cuba.

4 En sus discursos, el Gobierno dice que mantiene el control de la epidemia, a pesar de que el reporte diario de cifras indique lo contrario. Oletta señala que el Ejecutivo busca convencer a la población con el argumento de que la mayoría de los casos son importados y, por ende, desestima el peso de la transmisión comunitaria.

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5 La poca capacidad diagnóstica hace pensar a médicos y demás especialistas sobre el subregistro de casos de COVID-19, que alcanzaría a 800 para el pasado mes de abril, según cálculos de la Academia Nacional de las Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. El Gobierno dice que Venezuela es el país que hace más pruebas para detectar coronavirus por millón de habitantes en América Latina. Pero la realidad es que poco más del 80% de los test son pruebas de detección rápida que no están autorizadas por la OMS para descartar la enfermedad debido a su baja sensibilidad y especificidad. Hasta el 21 de mayo, último dato disponible dado a conocer por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha), el país procesaba apenas 16.577 estudios moleculares de PCR, el único método diagnóstico avalado por la OMS para confirmar contagios.

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6 Los expertos coinciden en que sin claridad en la cantidad de pruebas moleculares es difícil saber qué decisión sanitaria tomar para abordar el control del virus. Los especialistas de la Academia de las Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales advirtieron que el retraso en el análisis de las muestras de cada paciente deja un número considerable de casos sin confirmación. Oletta, por ejemplo, rechaza que el Ejecutivo tampoco informe sobre los casos sospechosos que permitirían tener una idea de la magnitud y avance de la epidemia en determinadas zonas geográficas.

7 Diferentes especialistas en salud pública y críticos de la gestión de Nicolás Maduro consideran que las medidas y decisiones de Maduro para atender la epidemia son violatorias de derechos, por ejemplo, al no permitir que los pacientes hospitalizados por orden presidencial reciban visitas bajo estrictas condiciones de protección. Incluso se cuestiona que Maduro en sus discursos alimenta la estigmatización y la discriminación hacia los pacientes al considerar que la epidemia surgió del sector de clase media o que la responsabilidad directa de la propagación del virus en el territorio descansa sobre los migrantes que retornan a Venezuela luego de haber salido por las difíciles condiciones económicas que aún tiene el país.

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