Eduardo Velázquez y Marisela Amundaray, en el año 2007, compraron en preventa un apartamento que se comenzaría a construir en un conjunto residencial al este de la capital. Sin embargo, la constructora responsable del complejo fue acusada de estafa inmobiliaria y el Ministerio de Vivienda intervino para garantizar la culminación del urbanismo. Hoy, la pareja acusa al organismo de haber revendido su apartamento

En marzo de 2021 Marisela Amundaray y Eduardo Velázquez llegaron a su apartamento en el conjunto residencial Terrazas de la Tahona, ubicado en el sector El Cigarral, municipio El Hatillo. La pareja había comenzado a pagar por el inmueble en el año 2007, y durante 10 años pagaron las cuotas acordadas. En 2017 se les fue entregado en obra en gris.

Desde que le entregaron las llaves del inmueble lo visitaban cada 8 o 15 días, pero la visita realizada durante el mes de marzo no fue hecha para limpiar o pasar un rato en la vivienda como solían hacerlo. Un vecino los llamó advirtiéndoles que alguien se había presentado en el apartamento con un documento protocolizado que decía que era la nueva propietaria. La sorpresa les paralizó cuando al meter la llave en la cerradura de la puerta principal esta no abrió. Insistieron de varias maneras, pero nada.

Comprar un inmueble en Venezuela no es fácil. El proceso inflacionario hace que el poder adquisitivo de las personas se vea cada día disminuido. Sin embargo, la pareja logró cumplir con todas las cuotas para finalmente obtener las llaves de su apartamento. Amundaray no recuerda exactamente cuánto dinero pagaron en bolívares por su apartamento, todas las reconversiones monetarias que se han hecho en el país hacen que sacar la cuenta le sea un poco complicado. Pero ella, pensando, estima que pagaron unos 90 mil dólares.

En marzo de 2019 a Marisela Amundaray se le revocó la opción de compra-venta de su apartamento sin previo aviso, y la vivienda por la que estuvo pagando por más de 10 años se le vendió a otra persona. Foto: Cortesía

“Le dijimos adiós a las vacaciones, se acabaron los disfrutes. Lo que se cobraba en utilidades, en bonos vacacionales y en fideicomisos era destinado al pago de nuestra casa. Tuvimos que vender hasta los carros. Fueron muchos años de sacrificio para reunir el dinero”, contó Amundaray.

Para marzo de 2021, la pareja aún no habitaba la vivienda, pues no estaba acondicionada para vivir. Los esposos comenzaron a pagar por su apartamento en 2007. En 2010 el conjunto fue intervenido por el Estado y una década después que la pareja dio los primeros pagos es que se terminó la construcción. No obstante, Amundaray y Velázquez, hasta hoy no habían logrado comprar todos los materiales necesarios para terminar la construcción del interior.

Todos estos materiales permanecen hoy guardados en un cuarto, ubicado en el estacionamiento del conjunto residencial. Sin embargo, desde marzo del presente año la pareja no pudo seguir visitando su vivienda como solían hacerlo desde que le dieron las llaves de su inmueble en 2017, y tampoco pueden acceder a ese cuarto a sacar sus pertenencias.

La razón es que el Ministerio de Vivienda en marzo de 2019 le vendió a otra persona su inmueble.

Amundaray y Velázquez han hecho de todo para poder recuperar su casa. Hablaron con Ildemaro Villarroel, ministro de Vivienda. Se reunieron con funcionarios de la Inmobiliaria Nacional y tienen abierto un proceso legal en la Fiscalía 47. Sin embargo, la pareja no ha obtenido respuestas de los entes responsables.


En el documento encontrado en el registro se le revocó a la señora Amundaray la opción de compra-venta de su apartamento, de acuerdo con lo establecido en un acto administrativo de rescisión realizado el 6 de marzo de 2019


El comienzo

En el año 2006, la constructora Edivial comenzó los movimientos de tierra para construir el conjunto residencial Terrazas de La Tahona. En 2007, Amundaray y Velázquez compran en preventa uno de los apartamentos proyectados en el lugar.

Velázquez comenta que los apartamentos se construyeron gracias a la conformación de una asociación civil compuesta por los diferentes propietarios, donde cada uno daba cuotas que eran pagadas a la constructora y con ese dinero la empresa comenzó la obra.

Cuatro años después del comienzo de la construcción del conjunto residencial, en el Aló Presidente número 367 celebrado el 14 de noviembre de 2010, el presidente Hugo Chávez habló sobre las estafas inmobiliarias. Hizo referencia a las empresas que prometieron construir apartamentos y para ese momento no habían cumplido con las fechas previstas de culminación, según los propios propietarios, y seguían aumentando las cuotas de pagos a las personas.

En la lista de las empresas acusadas por estas irregularidades se mencionó a la responsable de Terrazas de La Tahona. En consecuencia solicitó a Ricardo Molina, ministro de Vivienda en ese momento, que interviniera.

Un mes antes, en octubre de 2010, por las mismas razones, Chávez ordenó la expropiación de seis conjuntos residenciales, la ocupación temporal de ocho y prohibió vender, gravar y enajenar otros 19, así se lee en un informe de la ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea).

José Ramón Solórzano, abogado inmobiliario, explica que el Estado sí tiene la potestad de intervenir en caso de que la empresa que está encargada de la construcción no la lleve adelante, pero lo que no puede hacer es adjudicar la vivienda a otra persona. “La única manera en la que el Estado puede adjudicar uno de los apartamentos que se estuvieron construyendo en estos urbanismos es que estos apartamentos no hayan tenido dueños, es decir, que nadie los haya comprado en preventa. En muchas ocasiones las empresas constructoras se reservaban algunos inmuebles para venderlos al final. En estos casos de intervención el Estado eta el que los vendía o los adjudicaba, pero básicamente para hacer proselitismo político”.

No obstante, en un reportaje del medio digital El Estímulo, se deja en evidencia que algunos de los conjuntos intervenidos entre los años 2011 y 2012 para el año 2015 aún no habían sido terminados, fueron entregados con características distintas a las señaladas en el contrato o tienen fallas estructurales. La nota indica que durante 2011 y 2012 el Gobierno intervino 57 desarrollos habitacionales.

Solórzano indica que los grandes casos de estafa inmobiliaria ocurrieron dos años antes de que se dictara la Ley Contra las estafas inmobiliarias en 2012. “La mayor cantidad de casos se vieron en el área de Guarenas, Guatire, y en el sureste de Caracas. En esa época, en estos lugares se estaban haciendo los grandes proyectos habitacionales”.

El abogado señala que el término de estafa inmobiliaria nace porque algunas empresas se dedicaron a construir inmuebles, pero debido a la situación económica no pudieron cumplir con la culminación de las viviendas, y a raíz de eso se les empezó a catalogar de estafas. Solórzano continúa explicando que el ánimo no era estafar, sino construir. “A lo mejor eran empresas que no estaban solventes y terminaron en esta situación. Esa ley no ataca todo lo que tiene que ver con las estafas en las que esté involucrado un inmueble, solo se refiere a aquellos inmuebles que se están haciendo en preventa, no se refiere a inmuebles construidos”.

Después de la alocución de Chávez, la constructora Edivial se comprometió a culminar los apartamentos del conjunto residencial Terrazas de La Tahona. Amundaray explica que el ministerio entró al conjunto residencial bajo la figura de tutela y administración. “Se creó una junta interventora entre funcionarios del Ministerio de Vivienda y propietarios para que tomaran las riendas de la obra”.

Yurzelys Pérez, abogada inmobiliaria, explica que la atribución que puede tomar el ministerio al entrar bajo la figura de tutela y administración es la de garantizar el cumplimiento de la construcción de los apartamentos y que a cada persona se le sea entregada su vivienda.

En el año 2011 la constructora se va del país y la obra se paraliza. “El proyecto estuvo paralizado entre 3 y 4 años. En el año 2013, los vecinos nos reactivamos y fuimos al ministerio para que nos dieran una solución, ya que habían intervenido el conjunto residencial y no estaban haciendo nada. Protestamos y nos empezaron a tener en cuenta”, relata Velázquez.


Le dijimos adiós a las vacaciones, se acabaron los disfrutes. Lo que se cobraba en utilidades, en bonos vacacionales y en fideicomisos era destinado al pago de nuestra casa. Tuvimos que vender hasta los carros

Marisela Amundaray, propietaria de apartamento en el conjunto residencial Terrazas de la Tahona

Amundaray continúa explicando que la construcción se reactivó a mediados de 2014 y la nueva empresa encargada del proyecto se llamaba Constructora Viema. Señala que gracias al ministerio lograron conseguir créditos con el banco BOD para poder terminar de pagar por los apartamentos. “En 2015 firmamos un documento en donde nos comprometíamos con el banco a cancelar en una única cuota el total del préstamo cuando el conjunto residencial estuviese terminado. En 2017 la obra es culminada, firmamos los documentos y comienzan los trámites de compra del terreno y permisos de habitabilidad”.

Como estaba acordado con el banco, la pareja pagó el crédito dado por el BOD y en ese momento presentaron el pago ante el Ministerio de Vivienda. “Al conjunto residencial fue un grupo de la junta interventora a entregarnos las llaves del inmueble, así se estableció en un acta firmada de asamblea. El acta indica que a todos los propietarios que hayan cancelado la totalidad del crédito se le haría entrega de las llaves”, explica Amundaray.

En ese mismo año, la pareja es llamada a protocolizar, pero en ese momento Amundaray se encontraba atravesando por un momento delicado de salud y no pudo realizar el papeleo ni notificar de su condición o pedir alguna prórroga.

Pérez precisa que la protocolización es el paso donde se registra el inmueble, es el documento que da la última palabra. Sin embargo, acota que pese a que el registro tiene mucha más validez que un documento notariado, el documento notariado es una prueba que se tiene que se pagó por ese inmueble y que esa persona tiene derecho a la posesión, enajenación y goce de esa propiedad.

Despojo de vivienda

Sin saberlo, años después, la falta de ese proceso se convertiría en el dolor de cabeza de la pareja. En marzo de 2021 se enteran por un vecino que en su apartamento estaba otra persona, y que la misma tenía un documento protocolizado que indicaba que era la dueña de la vivienda. “En ese mismo mes decidí hablar con Ildemaro Villarroel, el actual ministro de Vivienda. Él me informa que desconoce de mi caso y me dijo que le diría mi nombre y mi número de teléfono a su equipo técnico para que me contactaran, y así fue”, cuenta Amundaray.

Amundaray señala que el día después de haber hablado con el ministro, el mayor Robin Guevara la citó en la Inmobiliaria Nacional para hablar de su caso y en el lugar también estaba la ingeniera Daniser Roa. “Yo cuento mi caso y me dicen que van a comenzar a investigar porque les parece impresionante lo que sucedió y que no sabían nada del tema”.

En el mes de abril, Amundaray y Velázquez ponen la denuncia de lo sucedido con su apartamento y el caso lo toma la Fiscalía 47. Días después, la pareja decide ir al registro de El Hatillo para revisar los libros, y ahí se dan cuenta que su apartamento fue vendido, no una, sino dos veces. Según los papeles, el 15 de marzo del año 2019, el Ministerio de Vivienda “en ejercicio de su potestad legal para la asignación de los inmuebles disponibles de las obras bajo alguna medida de intervención, decidió asignar a la ciudadana Karla Lisbeth Ortiz Vidal una vivienda en el Conjunto Residencial Terrazas de La Tahona, identificada como apartamento C-PB-5”, señala el oficio.

Pérez y Solórzano concuerdan que este acto viola el artículo 115 de la Constitución, ya que el Estado debe garantizar el derecho a la propiedad y que toda persona tiene derecho del disfrute, goce y disposición de sus bienes. Pérez explica que el Estado no tiene derecho a ceder ninguna propiedad que no esté dentro de su patrimonio.

La abogada señala que el ministerio puede tomar esta acción cuando el mismo Estado ha construido ciertos bienes inmuebles y tiene potestad para adjudicarlos. “La única manera que el Estado puede proceder y disponer de una propiedad privada es mediante la expropiación, pero para eso debe existir una resolución judicial, se debe establecer que hay un interés social por parte del Estado y una indemnización previa”.

En el mismo documento encontrado en el registro se le revocó a la señora Amundaray la opción de compra-venta de su apartamento, de acuerdo con lo establecido en un acto administrativo de rescisión realizado el 6 de marzo de 2019. El documento fue firmado por la ingeniera Daniser Roa, la funcionaria que en marzo de 2021 había atendido a Amundaray en la Inmobiliaria Nacional. “Ellos sabían lo que estaba pasando cuando me entrevistaron en la Inmobiliaria. A mí nunca me notificaron que me iban a revocar la compra-venta de mi apartamento”, puntualizó Amundaray.

La mujer cuenta que al descubrir esto llama al mayor Guevara y le pide explicaciones sobre por qué la ingeniera Roa aparece firmando el documento. Amundaray dice que el mayor solo le dijo que iba a investigar.

Solórzano explica que al no notificar a la pareja la razón de por qué se les estaba revocando la opción de compra-venta de su apartamento, se les violó su derecho a la defensa, derecho que está contemplado en la Ley de Procedimiento Administrativos.

En el mes de junio, dos meses después de abrir el caso en la Fiscalía 47, el ente envió dos oficios: uno al Ministerio de Vivienda y otro a la Inmobiliaria Nacional solicitando una explicación del caso y el motivo por el cuál se le fue revocada la opción de compra-venta a la pareja, pero hasta la fecha no han obtenido respuesta del Ministerio. La fiscalía les dio cita para atenderlos a principios de noviembre e informarles sobre la respuesta de la Inmobiliaria Nacional.

La fiscalía también envió una carta a la junta de condominio y al Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren). La junta respondió la solicitud dando información sobre los pagos realizados por la pareja durante cuatro años del condominio. Y el Saren envió información de los papeles notariados que certifican que la pareja figura como los dueños del inmueble.

El 18 y 20 de octubre El Pitazo envió una solicitud de entrevista al mayor Robin Guevara, a la ingeniera Daniser Roa y a Ildemaro Villarroel, quien además de ser ministro de Vivienda es el presidente de la Inmobiliaria Nacional, para conocer los motivos que movieron al ministerio a vender el apartamento de Amundaray y Velázquez. Sin embargo, hasta la fecha de publicación de este trabajo no se ha obtenido respuesta.


La única manera que el Estado puede proceder y disponer de una propiedad privada es mediante la expropiación, pero para eso debe existir una resolución judicial, se debe establecer que hay un interés social por parte del Estado y una indemnización previa

Yurzelys Pérez, abogada inmobiliaria

Segunda venta

Cuatro meses después de que Ortiz le compró el apartamento al ministerio, revendió la vivienda a Carmen Croes. Amundaray comenta que en el año 2019 nunca vio a Ortiz ni a Croes en el conjunto.

“En marzo fue que la señora Carmen apareció en el apartamento y cambió la cerradura, y en ese momento nos sacan del pago del condominio, el cual estuvimos pagando desde el año 2017”, cuenta Amundaray.


Al no notificar a la pareja la razón de por qué se les estaba revocando la opción de compra-venta de su apartamento, se les violó su derecho a la defensa, derecho que está contemplado en la Ley de Procedimiento Administrativos, explicó José Ramón Solórzano, abogado inmobiliario


Una vecina del conjunto residencial, que prefiere hablar bajo reserva de su nombre, certifica que Velázquez y Amundaray son parte del complejo urbanístico desde los inicios de todo, cuando apenas el proyecto estaba en planos y aún no había nada construido. Confirma que ella, como vecina, nunca ha visto a la nueva propietaria del apartamento ni sabe cómo es o cómo llegó al conjunto.

El Pitazo intentó acceder al conjunto residencial para conocer la versión de Croes. Sin embargo, no fue posible, el conjunto cuenta con una garita de seguridad donde solo pueden pasar propietarios o invitados de los propietarios. Amundaray comenta que ella tampoco puede ingresar porque ya no es parte de la lista de dueños. Además, señala que el apartamento tampoco está habitado por la nueva propietaria porque sigue en obra en gris.

“Tenemos la esperanza de que nos devuelvan nuestra casa, y no me voy a quedar tranquila hasta que eso suceda. Yo he trabajado toda mi vida para comprar lo que tenemos y darle un techo a nuestra hija”, sentencia Amundaray.

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