La huella del entorno de Maduro está muy presente en el proyecto de los gimnasios verticales. El mandatario y su despacho seleccionaron a los funcionarios que estuvieron involucrados en el llamado a licitación, la selección de las empresas y la supervisión del proyecto. Maduro también encargó a su esposa y a sus hijos de la promoción pública de la obra

Una investigación de Johanna Osorio Herrera y Nadeska Noriega Ávila
Unidad de investigación y equipo de corresponsales de El Pitazo, en alianza con CONNECTAS y el International Center for Journalist

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Pocos proyectos han sido manejados tan de cerca por el entorno de Nicolás Maduro como el de los gimnasios verticales. En apenas año y medio –primero como vicepresidente y luego como presidente–, el mandatario designó, directamente o a través de su despacho, a cuatro directivos de la Fundación Propatria 2000, incluyendo a uno de sus hijastros. Estos funcionarios estuvieron involucrados en el llamado a licitación, la selección de las empresas y la supervisión del proyecto. También encargó a su esposa y a sus hijos de la promoción pública de la obra.

FundaPropatria ha sido desde su creación, por Hugo Chávez en el año 2000, un gran centro de ejecución y supervisión de obras públicas y, por lo tanto, destino de altos montos de dinero del Estado. El propio Maduro tomó medidas para ponerlo bajo su control, incluso antes de ser electo Presidente de Venezuela.


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Los movimientos comenzaron en noviembre de 2012. FundaPropatria había sido adscrita por Chávez a la Vicepresidencia Ejecutiva en octubre de 2010, y en octubre de 2012 Maduro fue puesto a la cabeza de ese despacho. Tras un mes de asumir el cargo de vicepresidente y como una de sus primeras acciones, Maduro designó el 2 de noviembre al sobrino de Cilia Flores, Carlos Erick Malpica Flores, como uno de los cuatro directores principales de FundaPropatria. El 20 diciembre de 2012, removió también a la presidenta de la fundación, para designar en su lugar a Daniel Tascón, hermano del fallecido diputado del PSUV, Luis Tascón.

El 2 de abril de 2013, un mes después de la muerte de Chávez, y ahora desde el puesto de presidente encargado, Maduro tomó una decisión previa a las elecciones presidenciales que se realizaron el 14 de abril: adscribió a la Fundación Propatria 2000 al Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, el ministerio más cercano al presidente, dirigido entonces por la vicealmirante Carmen Meléndez.

Tras ser electo presidente, y ahora en el completo poder de sus facultades, Maduro aprobó, ese mismo año, la ejecución uno de sus más millonarios proyectos: la construcción de 50 gimnasios deportivos en toda Venezuela, con Tascón al mando, y siempre bajo la mirada del Despacho de la Presidencia. La obra, a su vez, fue promovida por el Movimiento por la Paz y la Vida, programa social creado por Maduro para su campaña presidencial y dirigido por Cilia Flores, su esposa, con la participación de los hijos de ambos.

Figuras del entorno presidencial se involucraron aún más con el desarrollo del proyecto. El 1° de octubre se anunció la sustitución de Daniel Tascón por Ilich Lárez Brito, un funcionario cercano a la familia presidencial. Y apenas siete meses después, el 6 de mayo de 2014, Walter Jacob Gavidia Flores, hijo de la ahora primera dama, quedó encargado del millonario proyecto, tras ser designado nuevo presidente de FundaPropatria.

En el entorno Maduro-Flores otorgar cargos a familiares ha sido una práctica común. Cilia Flores ya había sido acusada de nepotismo en 2008, cuando otorgó cargos a 42 familiares en la Asamblea Nacional, mientras fue su presidenta, entre los años 2006 y 2011.

Así, bajo las presidencias de Daniel Tascón, Ilich Lárez Brito y Walter Jacob Gavidia Flores, FundaPropatria aprobó, impulsó y realizó los pagos para la construcción de 50 gimnasios verticales, por 420 millones de dólares, con recursos provenientes del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), la más importante partida extrapresupuestaria del Estado venezolano para impulsar proyectos estratégicos, alimentada por la bonanza petrolera. Mientras, en las gobernaciones de los estados beneficiados figuraban funcionarios como Tareck El Aissami, Aristóbulo Istúriz, Carlos Mata Figueroa, Jorge García Carneiro, Henry Rangel Silva u Omar Prieto, entre otros políticos cercanos al despacho presidencial.

De acuerdo con documentos obtenidos por El Pitazo, la licitación de los gimnasios verticales se hizo a través de un Concurso Abierto Anunciado Internacionalmente. Esta modalidad, según el artículo 29 de la Ley de Contrataciones Públicas, no exige que los interesados en participar estén inscritos en el Registro Nacional de Contratistas y, por lo tanto, tampoco a las empresas que subcontraten (pues no figuran en el contrato, una vez firmado).

El Concurso Internacional Abierto procede, generalmente, para la ejecución de obras o proyectos de gran magnitud (mayores a 50.000 Unidades Tributarias para la época), o cuando es necesario buscar en otros lugares proveedores de bienes y servicios que no pueden obtenerse en el país. Si bien, para 2013, la inversión superó las 50.000 UT, en Venezuela sí existían proveedores aptos para la edificación de los gimnasios. Los recintos deportivos de Chacao, Petare y Baruta –de similar estructura y construidos por alcaldes de oposición– así lo demuestran. Ignacio Cardona, arquitecto y diseñador urbano venezolano, confirma esta premisa. “Esta es una estructura básica. En estructuras metálicas hay dos tipos de conexión de los elementos, como columnas y vigas. Uno de ellos es soldados y el otro apernados, es decir usan pernos (tornillos), para garantizar sus uniones. En Venezuela, hay muchos edificios que se han hecho con estructuras apernadas haciendo uso de tecnología local. No estamos hablando de una estructura sofisticada. No había ninguna razón para llamar a una licitación internacional para este tipo de construcción, pues muy bien pudo haber sido construida con tecnología local y empresas nacionales”, explica el también investigador y candidato doctoral de la Escuela de Diseño de la Universidad de Harvard.


Es insólito que un proyecto público de este tipo se construya sin ninguna consideración sobre el terreno

Ignacio Cardona, arquitecto y diseñador urbano venezolano, quien es investigador y candidato doctoral de la Escuela de Diseño de la Universidad de Harvard

Esta innecesaria modalidad de concurso restó entonces un obstáculo para las empresas y para el Estado. La pugna para conseguir el contrato de los gimnasios verticales no fue difícil para los empresarios cercanos al gobierno. La edificación fue asignada en un tiempo expedito a Consorcio Estructuras Metálicas Modernas, para 30 gimnasios verticales, ubicados en los estados Táchira (4), Mérida (3), Trujillo (2), Falcón (2), Zulia (7), Vargas (3), Miranda (3) y Distrito Capital (6); así como a Landscape Vision Corporation (Lavincorp C.A.), quien ejecutaría el levantamiento de 20 gimnasios verticales ubicados en los estados Carabobo (5), Aragua (5), Nueva Esparta (2), Monagas (3), Sucre (2), Anzoátegui (2) y Bolívar (1).

Las ofertas para el concurso fueron recibidas el 11 de septiembre, en el Fuerte Tiuna, y la adjudicación, para la que se tenían 26 días, se hizo en apenas 13.

De acuerdo con la Ley de Contrataciones Públicas, tras la consignación de las ofertas, FundaPropatria debió cumplir con cuatro pasos obligatorios: Determinar si las empresas interesadas se encontraban calificadas para contratar (legal, técnica y financieramente). En caso afirmativo, debían proceder a evaluar dichas ofertas. Luego, adjudicar el contrato a la empresa ganadora y, finalmente, firmar el contrato. Para este proceso, la ley establece un lapso máximo de 26 días hábiles, que pueden, sin embargo, acortarse.

Para las contrataciones para los gimnasios verticales, la adjudicación de las obras se realizó en la mitad del tiempo estimado. Aunque el proceso no carece de legalidad sí es inusual para especialistas en la materia. “Este tipo de procesos requiere un tiempo prudencial para la evaluación legal, técnica y financiera, no sólo de las empresas que participan, sino también de las ofertas. Esto unido al tiempo para notificar a las empresas los resultados y que la empresa ganadora presente garantías luego de ser adjudicadas, hace difícil que en sólo 13 días hábiles puedan ser cabalmente efectuadas, pero legalmente es posible”, explica Mildred Rojas, representante de Estrategia Jurídica de la organización venezolana Transparencia Venezuela.

Pese a que los contratos estipulaban que las obras serían concluidas para finales de 2014, las erogaciones por concepto de los mismos se extendieron. De acuerdo con datos aportados por la periodista Sebastiana Barráez, en 2015 se aprobaron valuaciones adicionales al Consorcio Estructuras Metálicas por 17,1 millones de dólares y 17,3 millones de bolívares; en la misma fecha se aprobaron valuaciones por 13,1 millones de dólares y 5,2 millones de bolívares a la empresa Landscape Vision Corporation (Lavincorp). Bárraez aseguró que para el mismo proyecto se estudiaban valuaciones para la adquisición e instalación de equipos y mobiliario para 20 gimnasios de paz, a través de Bandes, por 14 millones 40 mil 474 dólares.

Otros documentos demuestran además que Fondo Global de Construcción tuvo participación en el proyecto, a través de Consorcio Estructuras Metálicas Modernas, compañía de su propiedad. Fondo Global es una empresa colombiana que para el momento del contrato era investigada por lavado de dinero en Ecuador. Con ese nombre hizo bastante notoria su participación en el proyecto de los gimnasios verticales a través de videos, pese a no aparecer con la denominación Fondo Global en el contrato firmado por el Estado para la ejecución de la obra. La otra empresa, Landscape, también tenía abierta investigaciones por corrupción en Panamá, su país de origen.

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