Una filtración de información oficial de Pdvsa a la que tuvo acceso El Pitazo revela que César Rincón, quien fuera director de Bariven hasta 2013, hoy preso en EE. UU., aprobó una contratación para la construcción de 12 tráileres vulnerando la Ley de Contrataciones Públicas y su reglamento. Además, las órdenes de pago para esta contratación evadieron los controles. La empresa involucrada en este caso es venezolana y tiene presencia en Colombia y Serbia
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Hace 495 días, César David Rincón Godoy, exdirector de Bariven, se declaró culpable de recibir sobornos para otorgar contratos a empresas estadounidenses y de pertenecer a un entramado de lavado de dinero internacional ante un tribunal federal en Houston, Estados Unidos.
Rincón, hijo del fallecido poeta zuliano César David Rincón, fue director de Bariven, filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) encargada de la compra de equipos y materiales en el exterior, durante dos años (2011-2013). El psicólogo con especializaciones en administración pública y derecho laboral fue detenido en octubre de 2018 en España y extraditado a los Estados Unidos en febrero de 2018.
Una filtración de información que recibió El Pitazo, que contiene una auditoría de mayo de 2015, muestra una revisión a la contratación del “suministro, transporte e instalación de 12 tráileres para la Gerencia Regional de Procura de Paraguaná, estado Falcón”, revela que las irregularidades en las contrataciones no solo ocurrieron con empresas extranjeras. Rincón también aprobó contratos a Insumos Petroleros Arvas, C.A (Petroinsumos), una empresa registrada en Venezuela, violando la Ley de Contrataciones Públicas y su reglamento.
Petroinsumo ha sido contratada por Pdvsa en, al menos, cinco oportunidades más. La compañía también tiene domicilio en Colombia y Serbia.
Irregularidades en la contratación viola la Ley de Contrataciones Públicas y su reglamento
Los 12 tráileres, detalla la filtración, se necesitaban para alojar al personal del Proyecto de Adecuación y Modernización de Almacenes (Pama). Este proyecto inició su ejecución luego de la aprobación de la junta directiva de Bariven y siguiendo instrucciones de la junta directiva de Pdvsa, con el fin de desarrollar una estrategia de administración de inventarios que permitiera reducir costos a la corporación.
“Se evidencia evasión del control previo, debido a que esta contratación se realizó entre noviembre 2012 y enero 2013 y, a la fecha de esta revisión, (mayo 2015) no contaba con ninguno de los siguientes documentos: Acto Motivado, Acto de Inicio, Análisis Técnico Económico, Acta de Otras Consideraciones han sido presentados ante ninguna Comisión de Contrataciones. Cabe destacar que todos los documentos fueron firmados en señal de aprobación por el Gerente del Proyecto y el Gerente de Procura de E&P y Gas de Bariven”, expone el documento. El primer cargo se refiere a Juan Ricardo Ávila Segovia y el segundo a César Rincón.
Mildred Rojas, abogada especialista en contrataciones públicas, explica que el control previo en una contratación corresponde a la entidad pública que contrata y consiste en la supervisión interna, vigilancia y verificación de que cada acto se ajuste a la Ley de Contrataciones y a las normas internas, así como velar por los resultados y el cumplimiento de los principios que rigen la administración pública: eficiencia, eficacia, transparencia, racionalidad y economía. “Al no tener acto motivado, acto de inicio, análisis técnico, entre otras, se vulneraron los artículos 76 de la ley, 22 y 107 del reglamento, entre otros. También se vulneró el artículo 32 del reglamento que establece que debe contener un expediente”. La especialista hace el análisis basándose en la Ley de Contrataciones de 2010, que era la vigente en el momento del contrato.
“El avance financiero del proyecto equivale al 76 %; sin embargo, el avance físico desde enero 2013 hasta mayo de 2015 -fecha de elaboración de la auditoría- consiste en la construcción de la fundación en donde se instalarían los tráileres. Al respecto, en el expediente se observó ausencia de documentación tal como reportes de inspecciones y mediciones que sirvan como evidencias para calcular y hacer seguimiento al avance físico de la obra, a fin de justificar los pagos realizados”, detalla el documento.
Sobre lo anterior, Daniel Rosas, profesor de Gerencia Pública en el Iesa, explica que si no se realiza la inspección de la obra ni hay ningún tipo de evaluaciones aprobadas que certifiquen los avances, no se debería haber realizado los pagos. Rojas agrega que este hecho va en contra del artículo 115 de la Ley y 164 del reglamento.
Manipulación del sistema SAP para generar las órdenes de pago sin controles
La auditoría a la contratación de 12 tráileres, con fecha de mayo de 2015, concluye que el sistema SAP, un programa modular que maneja a tiempo real todas las operaciones de la corporación, fue manipulado.
El documento detalla que se generaron órdenes de pagos acudiendo a modalidades incorrectas para evadir los niveles de aprobación y controles naturales del sistema: usaron el módulo de procura en lugar del de contrataciones. Este último módulo permite ver los avances de la obra y cómo se recibe el servicio. Se evidenció que por el mismo objeto y la misma condición de emergencia se generaron diferentes pedidos a nivel nacional. Hubo debilidades en la segregación de funciones, respecto a los roles de pago del Sistema SAP, debido a que el emisor fue el mismo aprobador de dos documentos de pago. Se generaron condiciones de pagos inmediatos sin justificación.
Además, concluye la auditoría, se registraron con la modalidad de pago “Bolívares Equivalente” en la pestaña “condiciones”. Esto permite la evasión de los niveles de aprobación del sistema SAP, porque no incide en el valor neto a aprobar el pedido. En uno de los casos estudiado en el informe se evidenció que la totalidad de pagos al proveedor, para una obra en el Occidente del país, es de 36 % por encima del monto del pedido. El monto en dólares fue pagado en bolívares equivalentes (4,3 bolívares por dólar). Sin embargo, el sistema bloqueó el pago en dólares puros.
“Al respecto, no se evidenciaron documentos de algún comité técnico de divisas, la máxima autoridad del ente contratante o alguna resolución de la junta directiva, quienes son los únicos que autorizan la aplicación de dicha modalidad de pago, ya que ésta incide directamente en los montos adeudados por Pdvsa”, señala el informe.
Entretanto, el artículo 72 de la Ley Contra la Corrupción establece: “El funcionario público que, al intervenir por razón de su cargo en la celebración de algún contrato u otra operación, se concierte con los interesados o intermediarios para que se produzca determinado resultado, o utilice cualquier maniobra o artificio conducente a ese fin, será penado con prisión de dos a cinco años. Si el delito tuvo por objeto obtener dinero, dádivas o ganancias indebidas que se le dieren u ofrecieren a él o a un tercero, será penado con prisión de dos a seis años y multa de hasta 100 % del beneficio dado o prometido”.
Una empresa en distintos países y vínculos con Derwick Associates
En una búsqueda sencilla en la web se encuentran cuatro empresas con distintos domicilio y el mismo nombre: Insumos Petroleros Arvas. Todas en el área de la construcción. Tres de ellas responden a una misma empresa registrada en Venezuela. El Pitazo no pudo corroborar que la otra empresa, registrada en España, tenga relación con esta contratista de Bariven.
Insumos Petroleros Arvas, C.A. fue registrada en 2007 en el Registro Mercantil V de Caracas. En 2010, la empresa se suscribió al programa de Empresas de Producción Social del Ejecutivo nacional. Un año más tarde cambió su domicilio al estado Zulia y, en 2013, abrió una sucursal en Santander, Colombia. Además, según su página web tiene otra sede en Serbia.
En la página web de Petroinsumos, el nombre comercial de la empresa, muestra con foto y descripción distintos proyectos que le ha realizado al Estado venezolano: suministro e instalación de 12 tráileres en San Tomé, 13 tráileres de oficina para el personal de aduana de Puerto Cabello, construcción de un edificio de puestos de trabajo y fabricación de tres naves de 2.000 metros cuadrados en San Tomé, suministro e instalación de campamento modular en La Salina. Sin embargo, no aparecen los 12 tráileres que se debieron construir hace siete años en Paraguaná. El Pitazo envió una solicitud de entrevista, vía correo electrónico, el 21 de agosto de 2017, y hasta la fecha de publicación de este reportaje la comunicación no ha sido contestada.
En el expediente de la empresa se detalla otra contratación con Pdvsa. “Remodelación de mobiliarios, redes, electricidad y telefonía para la empresa mixta Petrozamora”. Se trata de una empresa petrolera en la cual Pdvsa es socia de Gazprom Latin América Venture, registrada en Amsterdam. Esta última es otra mixta, donde Derwick Associates, una contratista del Estado venezolano señalada por estar involucrada en hechos de corrupción, es accionista.
En el expediente, Insumos Petrolero Arvas autoriza a GPB Neftegaz Services B.V Sucursal C.A, registrada también en Amsterdam, para que realice los pagos en moneda extranjera de la obra. La empresa receptora de los pagos sería Insumos Petroleros Arvas, C.A DOO, domiciliada en República Serbia.
A pesar de que Insumos Petroleros Arvas, C.A es registrada principalmente en Venezuela, solo una de los cuatro socios es venezolano: Paola Arciniegas. Los otros tres socios son de nacionalidad colombiana: Freddy Arciniegas, Yolanda Vásquez e Ivonne Arciniegas.
Además, Ivonne, Paola y Freddy Arciniegas tienen cargos en Brother Company Fundation, registrada en Panamá, según la base de datos Panadata.net. Paola e Ivonne también aparece vinculada a Principal Actions INC, empresa que es descrita en la página web Petroinsumos y comparte el mismo correo electrónico que las sedes en Serbia y Colombia. Además, Invonne figura con cargos en otras dos corporaciones registradas en Panamá: TCS Investment Corp y Petroinsumos International Corp.