ANÁLISIS DEL CORONAVIRUS EN VENEZUELA (VIII)

Las consecuencias económicas y sociales generadas por la pandemia de COVID-19 en Suramérica, motivaron a los venezolanos a regresar a su país, del que habían salido por la emergencia humanitaria compleja que atraviesa. El Gobierno Nacional, ahora, promete atender a los más de 20.000 connacionales que ingresan por las fronteras de Colombia y Brasil en albergues temporales que, según denuncias, no cuentan con condiciones adecuadas para el alojamiento

El regreso por tierra de miles de venezolanos migrantes por la pandemia de COVID-19 supuso una nueva preocupación para Nicolás Maduro. El mandatario, cuestionado por los gobiernos de 61 países, asegura que el principal foco de contagio por el virus en el país proviene de Colombia donde, a su juicio, no hay control de la epidemia. Si bien el cierre de la frontera aún se mantiene, el Gobierno coordina el ingreso de ciudadanos y planteó una estrategia de atención para detectar posibles casos de contagiados por el nuevo coronavirus que, a juzgar por los hallazgos, parece no detener la propagación de nuevas infecciones.

Con el objetivo de agilizar el diagnóstico de los casos, el Ejecutivo nacional instaló el 11 de abril un laboratorio de virología móvil en San Antonio, estado Táchira, donde se procesarían únicamente pruebas moleculares PCR – RT, las únicas autorizadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para comprobar en tiempo real la presencia del virus que causa COVID-19 en el organismo.

Pero hasta ahora, no hay datos concretos de cuántos estudios moleculares se han practicado en esa unidad. Se sabe que a los migrantes se les ha realizado pruebas serológicas de detección rápidas, importadas desde China, pero estas no son recomendadas por la OMS para descartar casos por su baja sensibilidad y especificidad.

Infectólogos y virólogos resaltan que las pruebas serológicas, con las que el Gobierno realiza el despistaje masivo a la población, detectan anticuerpos que se desarrollan entre 7 a 10 días una vez que la persona contrajo el virus. Si el test se aplica antes de esos días saldrá negativo, a pesar de que el paciente esté contagiado y no presente síntomas de virus.

Freddy Bernal, quien fue designado como protector del estado Táchira por el gobernante Nicolás Maduro, dijo que todas las personas que ingresen deberán hacerse obligatoriamente una prueba de PCR. Con el laboratorio de virología en el sitio, no se enviarían más muestras de pacientes sospechosos con la infección desde Táchira al Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, ubicado en Caracas, que es el único ente autorizado para procesarlas y confirmar casos de coronavirus. A los días de haber llegado la unidad móvil, el equipo reporteril de El Pitazo se acercó al sitio donde está la Brigada 21 de Infantería del Ejército Nacional, donde inicialmente estaba el vehículo; pero supo que había sido trasladado hacia la frontera que actualmente se encuentra aislada y ampliamente custodiada por militares. No se conocen detalles su operatividad.

El día de la instalación del laboratorio móvil, Maduro informó, en un contacto telefónico en el canal Venezolana de Televisión (VTV), que en el estado Táchira se había realizado 4.500 pruebas para COVID-19, de las cuales 2.000 eran PCR. Hasta el 19 de abril, según las últimas cifras oficiales detalladas, el país había procesado 5.969 desde el pasado 13 de marzo.

La gobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez, denunció que desde que comenzó a operar el laboratorio móvil la dirección de epidemiología regional no recibe a tiempo la información sobre los resultados de las pruebas moleculares realizadas en el Instituto Nacional de Higiene. En la entidad andina, hasta el 13 de mayo, se notificaron 24 casos confirmados con COVID-19, dentro de ese registro se incluyen aquellos venezolanos que llegaron de Colombia.

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Gómez detalló que el protocolo de atención establece que las personas que resulten negativo a través de las pruebas rápidas serán trasladados a sus estados de origen. Pero algunos pacientes que no se les detectó presencia anticuerpos con el test, posteriormente, salieron positivos con la infección al realizarles estudios moleculares, una vez que llegaron a las entidades de residencia.

En el estado Vargas, según reseñó El Pitazo, se detectó un caso el 3 de mayo en la Ciudad Vacacional de Los Caracas. También regresó de Colombia y fue aislada preventivamente en un albergue de Táchira por cinco días. A ella se le realizó primero una prueba serológica rápida y, luego, en La Guaira, se le hizo un examen de PCR que resultó positivo.


MADURO INFORMÓ QUE EN EL ESTADO TÁCHIRA SE HABÍA REALIZADO 4.500 PRUEBAS PARA COVID-19, DE LAS CUALES 2.000 ERAN PCR. HASTA EL 19 DE ABRIL, SEGÚN LAS ÚLTIMAS CIFRAS OFICIALES, EL PAÍS HABÍA PROCESADO 5.969 DESDE EL PASADO 13 DE MARZO


El mismo patrón se repitió en el estado Anzoátegui donde el gobernador de la entidad, Antonio Barreto Sira, indicó el 3 mayo que el caso detectado de COVID-19 en ese estado era un joven de 20 años que habían viajado a Uruguay, a quien se le diagnosticó la enfermedad 13 días después que contrajo el virus. “Se le practicaron pruebas rápidas en La Guaira siendo negativas. Se permitió que llegara a nuestro estado y la prueba PCR lamentablemente resultó positiva”, dijo en su cuenta en Twitter.

Sobre este aspecto, el 27 de abril, Barreto Sira aclaró que el caso positivo de coronavirus detectado ese día, que era una mujer de 36 semanas de embarazo, que provenía de Brasil. Había salido hacia Venezuela el 4 de abril y pasó por cinco controles antes de llegar a la población de Aragua de Barcelona, ubicada en el estado Anzoátegui. El funcionario dijo que a la paciente, que no presentaba síntomas, se le habían practicado pruebas rápidas que arrojaron negativo. De regreso a Aragua de Barcelona, se envía la muestra del caso a Caracas que resultó positiva para COVID-19 tras una prueba molecular.

Barreto Sira se pronunció sobre la realización de las pruebas e instó a que el Gobierno procese más estudios de PCR para diagnosticar oportunamente. “Las pruebas rápidas no sirven para detectar casos positivos, esta es la segunda vez que un viajero entra al estado luego que estas evaluaciones arrojan resultados negativos, pero ante la implementación del PCR se detecta la presencia del virus en el paciente”, dijo el mandatario regional al tiempo en que pidió reforzar la vigilancia epidemiológica en las fronteras y aeropuertos.

La sugerencia de Barreto Sira está alineada con las conclusiones a las que llegó la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela en un estudio difundido el pasado 11 de mayo que el gobierno cuestionó. En la investigación se alertó que la baja cobertura de pruebas moleculares no permitían conocer el comportamiento real de la epidemia de COVID-19 en el país. Estimaron que para el 23 de abril, tras la aplicación de modelos matemáticos, habría tenido un subregistro de más 800 casos en el peor escenario de la epidemia; incluso más 500 contagios asintomáticos sin registrar.

Luego de la publicación del estudio, Maduro dijo este 14 de mayo, sin ofrecer muchos detalles, que el Gobierno tomó la decisión de cambiar el sistema de diagnósticos por PCR debido a la escasez de insumos que se registra para realizar estas pruebas moleculares en el mundo. En este sentido, señaló que el país cuenta con kits de diagnósticos y equipos para el procesamiento y análisis de muestras y adelantó que el Instituto Nacional de Higiene, junto con el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (Ivic), actualmente avanza en la producción de Virocult para la toma de muestras para la PCR.

Amargo retorno

El impacto social y económico generado por la pandemia de COVID-19 en América Latina obligó a miles de venezolanos a regresar a su país, del cual huyeron por una emergencia humanitaria, acentuada desde 2018. Sin posibilidades de trabajo ni vivienda, más de 20.000 ciudadanos atravesaron la frontera para volver a su tierra; pero ahora ese desplazamiento humano en retorno podría agudizar el número de contagios por la enfermedad, causada por un nuevo coronavirus, en Venezuela.

Evaluada esa posibilidad y ante la presencia de casos importados desde Colombia, el Gobierno nacional decidió, además de la suspensión de vuelos, cerrar los pasos fronterizos en el país. La Comisión Presidencial para el Seguimiento, Control y Prevención del COVID-19, instancia creada por el gobernante Nicolás Maduro, asumió el compromiso de atender a todos los venezolanos que retornen de los diferentes países de Suramérica.

Por eso planteó un protocolo para el abordaje que consistió en el establecimiento de puntos de control epidemiológico en seis estados del país. Pero a pesar de que el Gobierno asegura que ha garantizado la atención, la estrategia no escapa de denuncias relacionadas con las condiciones precariedad de los albergues temporales, donde las personas cumplen cuarentena preventiva.


HASTA EL 29 DE ABRIL, BERNAL DETALLÓ QUE 14.600 VENEZOLANOS HABÍAN RETORNADO AL PAÍS DESDE DISTINTOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA, DE LOS CUALES 11.845 HABÍAN SIDO TRASLADADOS EN 80 AUTOBUSES A SUS ESTADOS DE RESIDENCIA


En las últimas dos semanas, El Pitazo ha evidenciado que en los sitios denominados Puntos de Atención Social Integral (Pasi), instalados en recintos educativos y deportivos, donde se atienden a los venezolanos, no hay condiciones de salubridad para la estadía ni alimentación adecuada para niños y adultos. Estas denuncias también fueron registradas por la ONG Programa de Educación Acción de Derechos Humanos (Provea) y otras organizaciones, que, a partir del registro de tres testimonios, sostuvieron que los albergues temporales no cuentan con condiciones óptimas para cumplir un confinamiento por razones sanitarias.

Hasta el 29 de abril, Bernal detalló que 14.600 venezolanos habían retornado al país desde distintos países de América Latina, de los cuales 11.845 habían sido trasladados en 80 autobuses a sus estados. Dijo, además, que 1.100 personas aún permanecían en albergues temporales cumpliendo el aislamiento. Según el funcionario chavista, la entidad andina recibe 700 personas diarias que ingresan por la frontera colombo-venezolana. Luego, el 6 de mayo, señaló que, desde el 9 de abril, 17.636 ingresaron por el Puente Simón Bolívar y 15.973 habían vuelto a sus estados de origen, y 1.663 se mantiene en cuarentena.

La ONG señaló que los espacios tienen mínima capacidad para alojar personas, no son aptos para la pernocta, incluso algunos no tienen acceso a agua potable. “No cuentan con las condiciones ni estándares para la atención de personas con un alto nivel de vulnerabilidad porque además retornan a un país del que salieron huyendo por condiciones precarias de vida y regresan en condición de alta fragilidad psicoemocional, económica y de revictimización”, resalta Provea.

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La mayoría de los venezolanos que han regresado lo han hecho por la frontera colombiana. La Agencia para Naciones Unidas sobre Refugiados (Acnur) estima que más de 4,7 millones de venezolanos salieron de su país en 2019, de esos 1.825.000 llegó a la nación neogranadina, según los datos actualizados hasta el 29 de febrero de 2020 de Migración Colombia. El director de la agencia colombiana, Juan Francisco Espinosa, dijo este 12 de mayo que calcula que 57.000 ciudadanos regresaron a Venezuela tras la llegada de COVID-19, 26.000 de ellos lo han hecho a través de los procedimientos de coordinación del país para garantizar el paso controlado.

El Gobierno nacional registra datos a partir del 4 de abril cuando Colombia abrió el corredor humanitario, aunque ha reconocido que los venezolanos han llegado al país a través de trochas. La última cifra acumulada ofrecida por la Comisión Presidencial para el Seguimiento, Control y Prevención del COVID-19 indica que hasta el 29 de abril Venezuela regresaron 29.193 por Colombia y Brasil, la gran mayoría por la frontera con los estados Táchira, Bolívar y Apure.

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En Táchira, el Ejecutivo estableció 18 sitios que denominó Puntos de Atención Social Integral (Pasi) en los municipios Bolívar y Ureña, que luego redujeron a 15 porque, a juicio de Bernal, no eran necesarios tantos centros debido a que ahora no ingresa un volumen mayor de migrantes. Allí se les realiza a las personas una evaluación médica y pruebas para descartar COVID-19. Los casos sospechosos con la enfermedad cumplen una cuarentena preventiva en los Pasi y, luego, son regresado a sus estados de residencia. En el país, según los datos preliminares que obtuvo Naciones Unidas, se establecieron 71 centros con capacidad para atender a 3.664 en los estados Amazonas, Apure, Bolívar, Carabobo, Sucre, Táchira y Zulia.


Con información de: Lorena Bornacelly
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