Por Lisseth Boon y Lorena Meléndez G.
En 1994 la Unesco declaró el Parque Nacional Canaima, en el sur de Venezuela, como Patrimonio Natural de la Humanidad. Es el mismo territorio donde se levantan los milenarios tepuyes y el famoso salto Ángel o Kerepakupai Vená (su nombre en lengua pemón), la caída de agua más alta del planeta, la que sirvió de inspiración a la “Cascada Paraíso” de la película animada Up, de Pixar, y para la larga escena de escalada en roca del filme Point break.
A unos 20 kilómetros de aquel idílico paraje turístico operan al menos una veintena de balsas mineras y un yacimiento de oro a cielo abierto a donde acuden diariamente a trabajar cientos de hombres y mujeres. Ninguno se detiene a reparar que está en un área de protección especial, refugio de fauna y flora únicas, en uno de los entornos naturales más antiguos del planeta.
Tras un recorrido aéreo sobre el sector occidental de Canaima y más de 30 horas de navegación por el río Carrao que bordea el Auyantepui, Runrun.es comprobó en directo cómo los mineros extraen el mineral no solo en los linderos, sino también dentro del parque nacional. En algunas zonas, la progresiva devastación ha sido registrada mediante señales satelitales en las últimas dos décadas.
Las primeras advertencias sobre los focos mineros que comenzaron a cercar los límites del parque nacional se remontan a 2010. Pero en 2013, con la llegada de Nicolás Maduro al poder, se desborda la minería dentro de Canaima pese a las denuncias de moradores, periodistas y hasta del mismo ministro de Turismo de aquel entonces, Andrés Izarra.
Cinco años después, en 2018, la International Union for Conservation of Nature (Iucn), la red ambientalista más grande del orbe, anunció que Canaima estaba en la “alerta naranja” de los patrimonios mundiales de la humanidad en peligro, es decir, a un paso de llegar a la “lista roja”, la peor calificación que puede recibir un territorio protegido.
A finales de ese mismo año, el Gobierno venezolano ordenó la “Operación Tepuy Protector”, un ataque encubierto y armado que acabó con un pemón muerto y dos heridos. Aunque en Canaima todo cambió a raíz de aquel hecho, porque sus habitantes se volvieron más desconfiados y cautelosos, la minería continuó. Hasta ahora no ha habido una sola acción oficial que realmente se dirija a detener el extractivismo en la zona.
Un “oro-traficante” en el aire
El control de las minas de oro en Canaima no está a cargo de jefes de bandas criminales ni grupos armados, como sí ocurre en los yacimientos del Arco Minero del Orinoco, el proyecto gubernamental extractivista que se extiende por casi 112.000 kilómetros cuadrados en el sur del país. Quienes participan en la extracción en este paraíso son indígenas del pueblo pemón, habitantes originarios de estos territorios ancestrales que, empujados por el desplome del turismo como principal actividad económica de la región, se han dedicado a la minería ilegal para subsistir.
La investigación de Runrun.es y la Alianza Rebelde Investiga (ARI) arrojó que el oro extraído de las aguas y suelos de este paisaje milenario no solo es canjeado como moneda común dentro del parque, sino que sale a bordo de avionetas turísticas.
En este negocio del tráfico aurífero hay un actor clave: un empresario vinculado a posadas en Canaima, la Gran Sabana y Los Roques, a quien el Ministerio Público venezolano señala como miembro de una red de contrabandistas de oro que lleva en pequeñas aeronaves toneladas del mineral desde el parque nacional y sus linderos hacia el Caribe.
La extracción de oro en el Parque Nacional Canaima cuenta con el aval de organizaciones indígenas, como el Consejo de Caciques Generales del Pueblo Pemón, que de acuerdo con fuentes consultadas, surgió en el último lustro para organizar la actividad minera tras años de protestas y denuncias públicas de los propios indígenas contra la minería que envenena su hábitat natural.
Más allá de ese apoyo de los caciques, la minería en Canaima genera posiciones encontradas entre los pemones. Su silencioso, pero progresivo avance lleva a expertos a identificar al menos 40 puntos auríferos en el parque nacional, lo que algunos califican como el “Arco Minero Indígena”. Otros especialistas interpretan la participación de los pemones en el negocio como un gesto de “resistencia” que responde así a la explotación del vecino Arco Minero del Orinoco que implantó Maduro sin consulta previa, como ordena la Constitución.
Toda la actividad minera que se desarrolla en este parque nacional, que es uno de los diez más extensos del planeta, trae consigo la contaminación con mercurio de las aguas, fauna y población indígena, además de la deforestación de la selva y sedimentación del río Carrao, un afluente del ya contaminado río Caroní, que desemboca en el embalse de Guri, donde se genera 85% de la electricidad de un país que atraviesa una grave emergencia de energía.
El avance de la minería conlleva a la aparición de enfermedades, una de las cuales es la malaria, ya presente dentro de Canaima, y fulmina las rutinas y costumbres de los pemones, quienes abandonan sus conucos y el turismo –principal actividad económica en la zona desde que se declaró parque nacional- para trabajar en una industria que lentamente aniquila su entorno. Hoy, incluso los niños indígenas de aquel paraíso prefieren irse a las minas a ganar dinero que asistir a la escuela.
Como dice el exsenador Alexander Luzardo, el extractivismo convierte a los indígenas “en parias en su propio territorio”, en seres acechados por la minería y por la acción depredadora del propio Estado”.
Lea los reportajes completos del especial Canaima: el paraíso envenenado por el oro aquí
Esta serie de reportajes fue publicada originalmente el 15 de julio de 2020