Londres.- La plataforma WikiLeaks pidió este domingo a las autoridades de Estados Unidos que retiren los cargos contra su fundador, el australiano Julian Assange, que este lunes conocerá si es extraditado a ese país desde el Reino Unido.
Está previsto que la jueza británica Vanessa Baraitser dictamine este lunes 4 de enero, en una audiencia programada en el tribunal penal de Old Bailey, en Londres, si autoriza la entrega del periodista a la Justicia estadounidense.
Washington lo reclama por 18 delitos de espionaje e intrusión informática castigados allí con hasta 175 años de cárcel.
La vista de mañana llega tras la celebración de un juicio de cuatro semanas en el tribunal londinense de Old Bailey, en el que declararon numerosos testigos de la defensa del activista, que rechaza su entrega y aguarda la resolución del caso retenido en el centro de alta seguridad de Belmarsh
Estados Unidos pide la extradición de Assange para juzgarle por haber conspirado presuntamente con el exsoldado estadounidense Bradley Manning (hoy Chelsea Manning) en 2010 y, ahora, también con otros hackers entre 2007 y 2015 para obtener y publicar ilegalmente información secreta en su portal.
«El mero hecho de que este caso haya llegado a los tribunales, por no decir que se haya dilatado tanto, supone un ataque histórico, a gran escala, contra la libertad de discurso», subrayó Kristinn Hrafnsson, directora de WikiLeaks.
Hrafnssson indicó además que el Gobierno de Estados Unidos debería escuchar a las oleadas de apoyo de los principales medios, ONG de todo el mundo, como Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras y la ONU, que están pidiendo que se retiren los cargos.
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Recordó que «esta es una lucha que afecta al derecho a saber de todas las personas y se está combatiendo de manera colectiva».
Durante el proceso judicial han declarado ante el tribunal numerosos testigos de la defensa, en apoyo de su tesis de que las acusaciones de Washington contra Julian Assange «políticamente motivadas» y no afrontaría un juicio justo en ese país, si bien la fiscalía mantiene que se trata de actos criminales.