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lunes, 23 mayo, 2022

Uruguay abre centros de votación para las presidenciales y legislativas

Uruguay vive las elecciones más igualadas de los últimos años hasta el punto de que es casi seguro que no haya mayorías absolutas en el Parlamento para el que este domingo se elige a 99 diputados y 30 senadores, y la celebración de una segunda vuelta presidencial, que tendría lugar el 24 de noviembre

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Montevideo.- Los 7.122 centros de votación preparados para que unos 2,7 millones de ciudadanos elijan la composición del Parlamento y al presidente de la República para el período 2020-2025, abrieron este domingo sus puertas en Uruguay.

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Según la información facilitada por la Corte Electoral, las mesas estarán abiertas desde las 8.00 horas (11.00 GMT) hasta las 19.30 (22.30 GMT) del domingo, y se espera que, «antes de la medianoche» (03.00 GMT), esté escrutado más del 90 %.

El voto es obligatorio en Uruguay y solo se puede ejercer en su territorio, es decir, no están habilitados ni el sufragio por correo ni el consular.

Uruguay vive las elecciones más igualadas de los últimos años, hasta el punto de que es casi seguro que no haya mayorías absolutas en el Parlamento para el que este domingo se elige a 99 diputados y 30 senadores, y la celebración de una segunda vuelta presidencial, que tendría lugar el 24 de noviembre.

Los dos candidatos con más opciones de alcanzar ese balotaje son Daniel Martínez, del Frente Amplio (FA, izquierda), coalición que gobierna Uruguay desde 2005, y Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional (PN, centroderecha).

Por detrás, a bastante distancia en las encuestas, aparecen Ernesto Talvi, del Partido Colorado (PC, centroderecha), y el exmilitar Guido Manini Ríos, de Cabildo Abierto (derecha).

En los centros de votación, los ciudadanos también encontrarán papeletas con el «Sí» para quienes decidan apoyar el plebiscito sobre la propuesta de reforma constitucional llamada «Vivir sin miedo», impulsada por el senador del PN Jorge Larrañaga.

Dicha reforma promueve la regulación del «allanamiento nocturno por orden judicial», el cumplimiento de penas «en su totalidad», la «reclusión permanente» y revisable tras 30 años de cárcel y la creación de «una Guardia Nacional con atribuciones y cometidos de seguridad pública», como reza la papeleta.

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