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domingo, 24 enero, 2021

Tribunal de Cabo Verde acepta extraditar a Álex Saab a EE. UU.

Según fuentes consultadas por el diario El Tiempo, el expediente del empresario colombiano pasará a manos de la Corte Suprema para emitir el fallo final. Por su parte, la defensa aseguró en un comunicado que apelará la decisión

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El Tribunal de Apelaciones de la República de Cabo Verde aceptó este lunes, 4 de enero, extraditar a Estados Unidos al empresario colombiano Álex Saab, solicitado por lavado de dinero y acusado de ser uno de los principales testaferros del gobierno de Nicolás Maduro.

La información fue confirmada por el equipo legal de Saab en un comunicado. Señalan que apelarán la decisión tomada por el tribunal ubicado en la ciudad de Barlavento ante la Corte Suprema de Justicia del país africano.

De acuerdo con la defensa, la medida viola la orden arresto domiciliario emitida el pasado 2 de diciembre por el tribunal de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao), ente regional del que Cabo Verde es miembro, y que solicitó una pena menor contra el empresario luego de superar los 180 días detenido sin una decisión del juez.

Cabo Verde rechazó la petición de la Cedeao, y reforzó las medidas de seguridad para evitar una posible fuga de Saab, incluida la llegada de un buque militar estadounidense donde el acusado podría ser trasladado al continente americano.

«La decisión del Tribunal de Apelación no es de extrañar y no hace sino continuar deplorable serie de decisiones en las que los tribunales caboverdianos se han negado a abordar sistemáticamente los argumentos presentados por la defensa del Enviado Especial, violando la ley y la Constitución», señaló la defensa en su comunicado.

Fuentes judiciales informaron al diario colombiano El Tiempo que la extradición de Saab pasará ahora a manos de la Corte Suprema, con el fin de realizar ajustes en el expediente y emitir, en un plazo de 15 días, el fallo definitivo.

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Una vez sea cumplido ese paso, Saab será enviado a Miami, donde tiene un proceso penal abierto por la justicia federal, que lo acusa de blanquear hasta 350 millones de dólares en un esquema de corrupción que usaba el control cambiario de Venezuela. Del mismo modo, ha sido señalado por múltiples investigaciones de estar detrás de varias empresas que recibieron contratos para importar con sobreprecio los alimentos distribuidos por los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).

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