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viernes, 20 mayo, 2022

Ciudadanos protestan contra la minería en el oeste argentino

Luego de varias horas de protesta frente a la Casa de Gobierno de Mendoza, un grupo de manifestantes comenzó a lanzar piedras y botellazos contra la Policía, que respondió con gas pimienta para dispersarlos

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Una multitud marchó este lunes 23 de diciembre hasta la ciudad argentina de Mendoza (oeste) para protestar en contra de la reforma de una ley provincial que habilita el uso de sustancias químicas en la minería. Algunos manifestantes protagonizaron violentos incidentes con la Policía frente a la Casa de Gobierno provincial.

Miles de personas participaron en la caravana que recorrió 100 kilómetros desde la ciudad de San Carlos y arribó este lunes a la capital provincial para reclamar el veto de la reforma de la ley 7.722, aprobada el pasado viernes 20 de diciembre, a los que se sumaron también numerosos vehículos.

Luego de varias horas de protesta frente a la Casa de Gobierno de Mendoza, un grupo de manifestantes comenzó a lanzar piedras y botellazos contra la Policía, que respondió con gas pimienta para dispersarlos, según informó el portal MDZ.

La multitud se congregó este lunes desde temprano frente a la Casa de Gobierno provincial con banderas argentinas y pancartas para advertir del riesgo de contaminación de los cauces de agua que bajan de las altas cumbres de la cordillera de los Andes, a causa de los químicos que comenzarían a utilizarse en proyectos mineros.

«El agua de Mendoza no se negocia» y «El agua es de la gente», rezaban los carteles de los ciudadanos que coreaban cánticos en contra del gobierno provincial.

Mendoza está ubicada en el oeste de Argentina, a 1.000 kilómetros de Buenos Aires y cerca de la frontera con Chile, y es famosa por la calidad de sus bodegas y sus productos agrícolas.

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La región se encuentra desde hace varios años en emergencia hídrica, por lo que los ambientalistas expresaron su preocupación ante el uso intensivo del agua que demandará la actividad minera.

La organización ambientalista Greenpeace consideró que la nueva legislación atenta contra la protección de los recursos hídricos de la provincia porque permite el uso de ácido sulfúrico, cianuro y tóxicos en el desarrollo de la megaminería, lo que generará la contaminación del agua de la provincia.

Según la organización, la modificación a la normativa provincial representa una clara violación a la Constitución Nacional y los principios de no regresión ambiental y de progresividad, expresamente establecidos en la Ley General de Ambiente.

El coautor de la ley provincial 7722 que se aprobó en 2007, el diputado Jorge Difonso, remarcó que la normativa original «prohibía el cianuro y el ácido sulfúrico en la industria minera metalífera».

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«A partir de la reforma aprobada el viernes fue modificada permitiendo el uso de estas sustancias, lo cual ha generado una preocupación en toda la población teniendo en cuenta que Mendoza sufre una sequía desde hace más de 10 años», declaró al medio EFE el diputado provincial, quien impulsa ahora un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma.

Difonso, que fue alcalde durante 12 años de la ciudad de San Carlos, subrayó que «el volumen de los ríos, los arroyos y los embalses está a un 50 % del nivel histórico, hay un proceso de cambio climático que es notorio en la región y el agua pasa a ser fundamental para el desarrollo, el futuro y la supervivencia de Mendoza».

El Gobierno de la provincia de Mendoza emitió este lunes un comunicado en el que subraya que «las modificaciones a la 7722 garantizan el cuidado del agua y del medio ambiente».

«La secretaría de Ambiente y la Policía Ambiental estarán a cargo de llevar el control y el seguimiento de todo emprendimiento que pueda provocar un impacto ambiental», sostiene el comunicado.

Un informe de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros, publicado por el periódico Los Andes, sostiene que hay 19 proyectos mineros en estudio en la provincia.

El desarrollo de los principales proyectos podría generar en el mediano plazo más de 17.000 puestos de trabajo durante la construcción y 39.000 cuando las minas ingresen en la etapa productiva.

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