La defensa del presidente de Perú, Pedro Castillo, presentó este lunes un pedido de «tutela de derechos» ante el Poder Judicial para que se anule la investigación que sigue la Fiscalía contra el gobernante por un presunto caso de corrupción.
El abogado de Castillo, Benji Espinoza, declaró al diario El Comercio que entregó este recurso después de que la Fiscalía rechazó su pedido para que se declare la «nulidad absoluta» de la investigación, ya que considera que Castillo goza de inmunidad mientras esté en el cargo.
Espinoza detalló que ya fueron notificados del rechazo a esa solicitud y, por ese motivo, ha pedido «al juez supremo de investigación preparatoria que convoque a una audiencia para la tutela de derechos y en los próximos días se debatirá públicamente».
LA INVESTIGACIÓN FISCAL
La Fiscalía investiga desde abril pasado las denuncias de irregularidades en la selección de propuestas para la construcción del puente «Tarata II» sobre el río Huallaga, en la Amazonía del país, que se otorgó a un consorcio asesorado por la empresaria Karelim López, quien también está siendo investigada por presunta corrupción.
En esas pesquisas se incluyeron a 13 personas y la Fiscalía considera que existía una organización criminal enquistada en el actual Ejecutivo, liderada por el presidente Castillo, quien ha negado esas acusaciones.
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El fiscal general peruano, Pablo Sánchez, ordenó hace una semana ampliar las pesquisas contra Castillo por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.
Este domingo, la Fiscalía citó al gobernante para que el próximo 13 de junio declare en la investigación que se le sigue y, de acuerdo con sus prerrogativas, el gobernante puede decidir si acude ante el despacho fiscal o da su testimonio en el Palacio de Gobierno.
Sin embargo, Espinoza remarcó este lunes que la «tutela de derechos» buscar anular la investigación y que, por ese motivo, ya no habrá «necesidad de citación» para que Castillo sea interrogado.
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El Ministerio Público también programó la ampliación de la declaración del exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva para este lunes, aunque la defensa de este último afirmó que no había recibido la citación y pediría una reprogramación.
Un portavoz del Ministerio Público confirmó a Efe que el exministro Silva no acudió a la citación de este lunes.
Como parte de este caso, el Poder Judicial dictó este sábado 36 meses de impedimento de salida del país contra Silva, y una medida similar, aunque por 9 meses, contra los actuales congresistas Raúl Doroteo y Darwin Espinoza, del partido centrista Acción Popular.
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