El presidente de Perú, Martín Vizcarra, arremetió este viernes 7 de febrero contra la empresa brasileña de la construcción Odebrecht, que acudió al Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) para conseguir una indemnización de 1.200 millones de dólares por un contrato de un gasoducto cancelado hace tres años.
«Una demanda en la que no encontramos absolutamente ningún sustento porque, en ese momento, el 2017, las causas eran imputables al contratista. No había cumplido con su compromiso en el cierre financiero, había vencido el plazo. Con todo derecho y justificación el Estado peruano caduca ese contrato», señaló Vizcarra sobre el contrato del Gasoducto Sur Peruano (GSP), en declaraciones a periodistas en una visita de trabajo por Arequipa.
«Como gobierno vamos a hacer prevalecer los intereses del Estado y del pueblo del Perú» en el Ciadi, afirmó Vizcarra sobre el caso llevado ante el organismo del Banco Mundial que dirime controversias comerciales. «La posición del gobierno es clara y no vamos a estar en función de los vaivenes de la empresa», agregó el mandatario.
La constructora -que colabora con la fiscalía peruana en las investigaciones de hechos de corrupción– dijo que «no ha tenido más remedio que iniciar formalmente un arbitraje internacional en el Ciadi buscando preservar sus legítimos derechos y de sus acreedores».
Por su parte, el presidente se mostró confiado en que el Ciadi desestimará dicha demanda porque, según anotó, el Estado peruano tiene «argumentos técnicos y morales». «No dudamos que adicionalmente a los argumentos técnicos van a haber incluso argumentos de carácter moral, porque los propios funcionarios de Odebrecht han aceptado que ha habido irregularidades y corrupción en este proceso», señaló Vizcarra.
En tanto, Odebrecht emitió un comunicado desde Brasil para señalar que se encuentra «totalmente dispuesta a encontrar junto con las entidades competentes del Estado una solución que permita suspender el proceso arbitral, garantizando lo más pronto posible el reinicio del proyecto Gasoducto Sur Peruano por otro inversionista privado, sin costos para el Estado«.
Asimismo aseveró que está en disposición de «suspender» y hasta «en un futuro cancelar el proceso arbitral» si se le resarce «el capital 100% privado invertido«.
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