El destituido presidente de Perú, Pedro Castillo, fue detenido este miércoles, 7 de diciembre, y se encuentra en la sede de la prefectura de la Policía de Lima, poco después de ser destituido por el Congreso y de ser mayoritariamente acusado de haber intentado perpetrar un golpe de Estado.
«Dando cumplimiento a nuestras facultades y atribuciones descritas en el artículo 5 de D.L (decreto legislativo) Núm. 1267 Ley la Policía Nacional del Perú (PNP), efectivos PNP intervienen al expresidente Pedro Castillo«, escribió la cuenta oficial de ese cuerpo en su cuenta de Twitter.
Durante cerca de media hora se desconoció el paradero de Castillo, quien a primera hora de la mañana dictó un decreto de cierre del Congreso y el nombramiento de un Gobierno de emergencia, medida que fue tachada por la oposición y varios miembros de su Gobierno, entre ellos la vicepresidenta Dina Boluarte, de golpe de Estado.
«Rechazamos el quebrantamiento del orden constitucional y exhortamos a la población a respetar la Constitución Política y a mantener la calma. Asimismo, confiar en las instituciones del Estado», escribió la Policía minutos antes de confirmar la detención de Castillo.
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Castillo decretó este mismo miércoles 7 disolver temporalmente el Congreso e instaurar un Gobierno de emergencia nacional, horas antes de que el Parlamento debatiera una moción de vacancia (destitución) para apartarlo de la jefatura del Estado.
«Se dictan las siguientes medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un Gobierno de emergencia excepcional», dijo Castillo en un mensaje a la nación que no fue previamente anunciado por su equipo de comunicaciones o en sus redes sociales.
Con un temblor evidente en sus manos, anunció que también dictaba un decreto de «convocatoria en el más breve plazo a elecciones de un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses».
También ordenó un toque de queda nacional a partir del día de hoy desde las 22:00, hora local, y que «se declara en reorganización el sistema de judicial, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el Tribunal Constitucional (TC)».
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