Washington.- Los países socios del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tiar) evaluarán la próxima semana en Bogotá medidas para restringir los viajes de líderes chavistas por el continente americano, indicó el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams.
La medida afectará a varias docenas de funcionarios leales a Nicolás Maduro y se debatirá durante el encuentro que mantendrán los ministros de Exteriores de las naciones firmantes del Tiar, también conocido como Tratado de Río, en Bogotá el 3 de diciembre.
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«La próxima semana, el 3 de diciembre, los países signatarios del Tratado de Río se reunirán en Bogotá, Colombia, para considerar, y esperamos que adoptar, restricciones sobre viajes en la región y medidas para negar visados en contra de varias docenas de funcionarios del régimen de Maduro», dijo Abrams.
«Este es un nuevo paso en los crecientes esfuerzos regionales en contra del régimen y en apoyo a la vuelta a la democracia», añadió.
Asimismo, Abrams negó que la oposición venezolana, liderada por Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de medio centenar de naciones, haya perdido impulso y reiteró el apoyo de su país a Guaidó, aunque reconoció que la recuperación de Venezuela será un proyecto de «múltiples años».
«No tenemos un plan B, tenemos un plan A; creemos que funcionará. Estamos apoyando al pueblo de Venezuela«, subrayó. Sin embargo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, no acudirá a la reunión de Bogotá, a la que sí asistirán sus homólogos regionales, debido a que el jefe de la diplomacia estadounidense estará de viaje oficial en Londres, Marruecos y Portugal entre el 1 y el 6 de diciembre.
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La Administración estadounidense todavía no ha anunciado quién acudirá en su lugar. En septiembre, en los márgenes de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), varias naciones firmantes del Tiar se comprometieron a identificar y sancionar a personas y entidades asociadas con el gobierno de Maduro y que estén vinculadas con actividades ilícitas, corrupción o violaciones de derechos humanos. Esos países se dieron de plazo dos meses para elaborar esa lista y aprobarla en una nueva reunión de cancilleres.
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