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viernes, 1 julio, 2022

La SIP condena la agresión contra periodistas tras la destitución de Vizcarra

La organización, con sede en Miami, pidió a las autoridades que investiguen los hechos de violencia de esta semana, en los que también fueron afectados manifestantes

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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) repudió el viernes 13 de noviembre las agresiones contra al menos 16 periodistas y fotógrafos por parte de la policía durante las protestas ciudadanas tras la destitución del presidente peruano, Martín Vizcarra.

La organización, con sede en Miami, pidió a las autoridades que investiguen los hechos de violencia de esta semana, en los que también fueron afectados manifestantes.

Los hechos ocurrieron el lunes y martes pasados durante la cobertura de las protestas en Lima por la destitución de Vizcarra y el nombramiento de Manuel Merino en su reemplazo.

El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, instó a «detener las agresiones, investigar las denuncias y respetar el libre ejercicio del periodismo en democracia, en momentos de convulsión política en los que la ciudadanía necesita estar informada».

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La SIP se unió así a las denuncias de otras asociaciones de prensa locales y nacionales que denunciaron que agentes de la Policía Nacional del Perú reprimieron a al menos 16 fotoperiodistas y reporteros que trabajan en El Comercio, La República, Wayka, Exitosa y Huku Comunicaciones, entre otros medios.

Entre ellas, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), el Consejo de la Prensa Peruana, el Colegio de Periodistas del Perú y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS).

«Condenamos enérgicamente los actos de violencia, el uso excesivo de fuerza y la limitación en su trabajo contra quienes cumplen con su deber de informar», subrayó por su parte en un comunicado Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.

Canahuati y Jornet evocaron el cuarto artículo de la Declaración de Chapultepec que expresa que las presiones, la intimidación de los periodistas, la violencia de cualquier tipo, así como la impunidad de los agresores «coartan severamente la libertad de expresión y de prensa» y que esos «actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad».

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