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lunes, 23 mayo, 2022

La Fiscalía de El Salvador investiga irrupción de militares en el Congreso

"La obligación de la institución (fiscal) es perseguir el delito y garantizar la legalidad, por tanto, si la investigación iniciada arroja indicios de delito, se tomarán acciones legales contra las personas involucradas", señaló la Fiscalía General de la República de El Salvador en un comunicado

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La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador comenzó una investigación contra las personas involucradas en la irrupción en la Asamblea Legislativa del presidente Nayib Bukele el pasado domingo con agentes armados, según lo informó este miércoles.

«La obligación de la institución (fiscal) es perseguir el delito y garantizar la legalidad, por tanto, si la investigación iniciada arroja indicios de delito, se tomarán acciones legales contra las personas involucradas», señaló la FGR en un comunicado.

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Indicó que el fiscal general, Raúl Melara, ha señalado que el orden constitucional se puso en peligro y ha llamado a la calma y al consenso: «Estas acciones pusieron en riesgo el Estado de Derecho, la división de poderes y el orden Constitucional».

El Ministerio Público apuntó que «reconoce el derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos, pero no al llamado a la violencia o amenaza de las instituciones en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales» y agregó que «el llamado de cualquier ciudadano a sustituir, intervenir o coaccionar de manera ilegítima a cualquier institución del Estado va en contra de nuestra Constitución y atenta contra el Estado de Derecho».

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El país centroamericano aguarda a que los jueces de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resuelvan una demanda de inconstitucionalidad relacionada con los hechos del fin de semana, generados por la no aprobación en la Asamblea Legislativa de un préstamo de 109 millones de dólares para la tercera fase de un plan de seguridad contra las pandillas.

Los juzgadores, en una resolución de admisión de la demanda emitida el lunes, prohibieron a Bukele utilizar al Ejército para «actividades contrarias a los fines constitucionales establecidos».

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El Gobierno de este país centroamericano manifestó, a través de un comunicado de prensa, que no comparte la decisión judicial, pero que acatará las medidas cautelares.

El Ejecutivo de Bukele atribuye al Plan Control Territorial la baja de los homicidios desde junio de 2019, mes en el que fue lanzada dicha iniciativa. 

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