Caracas.– Un juez federal asestó un golpe a la administración de Donald Trump al bloquear una política que prohibía a los migrantes solicitar asilo al cruzar la frontera entre Estados Unidos y México. La decisión del juez de distrito Randy Moss, emitida este 2 de julio, determina que el gobierno se extralimitó en su autoridad al intentar anular la ley de inmigración.
«El presidente no puede adoptar un sistema de inmigración alternativo que suplante los estatutos que el Congreso ha promulgado», escribió el juez Moss en su contundente fallo.
Victoria para los defensores de derechos y el Estado de Derecho
El dictamen, que invalida un elemento emblemático de la agenda migratoria de Trump, se produce mientras el gobierno se jacta de una reducción en los cruces fronterizos, atribuyéndola a medidas represivas. Datos federales indican que la Patrulla Fronteriza registró poco más de 6.000 encuentros en junio.
A principios de este año, organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el Centro de Defensa de los Inmigrantes de Las Américas y el Proyecto Florence de Derechos de Inmigrantes y Refugiados, presentaron una demanda contra la proclamación presidencial que cerraba de facto el acceso al asilo en la frontera sur. Los demandantes argumentaron que la medida ponía en peligro miles de vidas al impedir que las personas buscaran refugio en EE. UU.
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Lee Gelernt, abogado de la ACLU, calificó la decisión como «una enorme victoria para quienes huyen del peligro y para el Estado de derecho». Subrayó que «el tribunal reconoció correctamente que el presidente no puede simplemente ignorar las leyes aprobadas por el Congreso”.
El juez Moss fue enfático al señalar que ni las leyes de inmigración ni la Constitución otorgan al presidente el poder de negar unilateralmente el acceso al asilo a personas que ya han ingresado a EE. UU., sin importar cómo lo hayan hecho. “Nada en la (Ley de Inmigración y Nacionalidad) o la Constitución otorga al Presidente o a sus delegados la amplia autoridad que se afirma en la Proclamación y la guía de implementación”, reza la sentencia.
Tensiones en la corte y posible apelación
El juez Moss mantuvo su decisión por 14 días, y se espera que el gobierno apele el fallo. Durante los argumentos orales en abril, las tensiones fueron evidentes. Abogados del Departamento de Justicia argumentaron que la proclamación no podía ser revisada según los estatutos de inmigración, a lo que Moss respondió con un hipotético contundente: ¿Sería una orden presidencial de disparar a los migrantes en la frontera inmune jurídicamente al control judicial? El abogado del Departamento de Justicia, Drew Ensign, reconoció que tal orden plantearía cuestiones constitucionales, pero dudó en especificar qué límites legales aplicarían, provocando una dura reprimenda del juez.
El gobierno de Trump había defendido la política argumentando una amplia autoridad presidencial bajo la ley federal para suspender la entrada de personas consideradas perjudiciales para los intereses nacionales, en lo que describió como una emergencia de seguridad nacional y salud pública en la frontera.
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