Caracas.- La ONG que trabaja en la promoción, defensa y formación en libertad de expresión, Ipys Venezuela, identificó patrones de obstrucción a la labor de la prensa, tales como detenciones arbitrarias y órdenes de las fuerzas de seguridad del Estado para borrar material periodístico durante la cobertura del fallido intento de ingresar la ayuda humanitaria desde las fronteras.
A una semana de la cobertura periodística del 23 de febrero de 2019, cuando centenares de periodistas de Venezuela y otros países se concentraron en la frontera del estado Táchira con Colombia para reportar el traslado de ayuda humanitaria al país, Ipys reseñó que muchos de esos reporteros se siguen comunicando entre sí para saber cómo sortearon el posterior cierre de los pasos binacionales o cómo les fue de regreso al país por los caminos verdes.
Según denuncias emitidas, en las trochas entre Cúcuta (Colombia) y San Antonio (Venezuela) está prácticamente prohibido decir que se es periodista, ya que están controladas por civiles organizados, y revisan los bolsos para constatar que nadie porte cámaras, grabadoras u otros equipos de trabajo periodístico.
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Carolina González, jefa de redacción de El Carabobeño, contó a Ipys Venezuela que la principal dificultad que consiguió para cubrir los hechos en la frontera fue »ver en riesgo su seguridad personal».
En opinión de otros periodistas también consultados por Ipys, la seguridad personal durante los enfrentamientos violentos de varios días entre fuerza pública y manifestantes en los puentes internacionales, pero también en la ida o el retorno por trochas, resultó lo más peligroso de la cobertura.
»Lo primero de regreso fue sacar todo lo que me relacionaba con el periodismo, como chaqueta, gorra, el carnet, un koala, y dejarlo en Colombia», dijo González.
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