Caracas.- Un informe elaborado por la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de los Estados Unidos (EE. UU.) revela el crecimiento del crimen organizado en Venezuela durante los últimos años.
La evaluación fue solicitada en marzo del año 2021 por el senador de los EE. UU., Jim Risch, miembro de alto rango del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.
“Los informes brindan evidencia adicional de las relaciones intrínsecas entre el crimen organizado y la supervivencia del régimen y los peligros de normalizar su presencia entre las democracias de las Américas», dijo en una nota de prensa publicada en la página web del comité.
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Según Rich, estos informes son una prueba más de las consecuencias peligrosas de la inexistente política de Venezuela de la Administración de Joe Biden y la necesidad de que el Congreso actúe sobre su propuesta Ley de la Democracia Venezolana.
«Espero trabajar con mis colegas en el Congreso para abordar las amenazas identificadas en estas investigaciones y hacer que la administración rinda cuentas”, aseguró.
Conclusiones del informe de EE. UU.
- Las organizaciones criminales transnacionales están muy extendidas y tienen diversos vínculos con el gobierno de Nicolás Maduro y que el entorno permisivo del narcotráfico en Venezuela obstaculiza los esfuerzos antinarcóticos de EE. UU. y Colombia.
- Los flujos financieros ilícitos relacionados con Venezuela incluyen el producto de la venta de materias primas como el petróleo y el oro, entre otros, así como el tráfico de drogas.
- Actores venezolanos, incluidas organizaciones criminales, funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro y otros, intentan exportar estos productos a nivel mundial y toman medidas para enturbiar sus orígenes.
- Los actores venezolanos utilizan empresas ficticias y contactos familiares o comerciales que actúan como apoderados para ocultar sus activos.
- Las élites venezolanas continúan utilizando complejos mecanismos transnacionales para mover, almacenar y comercializar su riqueza en el extranjero.
- El Departamento del Tesoro bloqueó los activos a más de 300 personas y entidades relacionadas con Venezuela y, en general, prohibiió a las personas estadounidenses (que incluyen empresas, como instituciones financieras) tratar con ellos.
- El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado, al menos, a 35 personas de delitos relacionados con el lavado de dinero relacionados con Venezuela y aseguró condenas para algunos.