Informe de Bachelet reconoce violaciones de los derechos de los pueblos indígenas

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Caracas.- Este jueves 4 de julio, la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones  Unidas para los Derechos Humanos publicó el informe sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela. En este sentido, la ONG Provea recordó el seguimiento que desde su organización le han hecho a los derechos indígenas. 

«La situación humanitaria ha perjudicado desproporcionadamente los derechos económicos y sociales de muchos pueblos indígenas, especialmente sus derechos a un nivel de vida digno, incluido el derecho a la alimentación y su derecho a la salud», detalla el informe difundido este jueves en el portal web de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y que, a su vez,  coincide con las denuncias que viene realizando Provea. 

En su informe anual 2018, Provea constató el aumento de manifestaciones en comunidades indígenas por la exigencia de derechos. Sólo en La Guajira, estado nor-occidental de Zulia, la organización Comité de Derechos Humanos de la Guajira contabilizó 80 manifestaciones pacíficas realizadas por los pueblos Wayüu y Añú, relacionadas con la exigencia de derechos económicos, sociales y culturales, específicamente alimentos, medicinas y servicios básicos como transporte, gas, agua y electricidad.


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Por otra parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) registra, en 2018,  8.943 casos sospechosos de sarampión y 6.370 confirmados. De estos últimos, 341 casos se presentaron en Delta Amacuro, en comunidades habitadas por indígenas Warao. 

«Hay violaciones de los derechos colectivos de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios y recursos tradicionales. Han perdido el control de sus tierras, incluso debido a la militarización por parte de los agentes del Estado. Su presencia ha provocado violencia e inseguridad en sus territorios en los últimos años, a lo que se suma la presencia de bandas criminales organizadas y grupos armados», también se destaca en el informe. 

En este sentido, desde 2013 Provea ha insistido permanentemente en los graves riesgos que conlleva la militarización de territorios y comunidades indígenas, sin previa consulta, libre e informada como dicta la Constitución y los estándares internacionales, con los pueblos afectados. 

Desde la organización aseguran que el despojo de territorios y las condiciones de exclusión derivadas de una situación de Emergencia Humanitaria Compleja, pone en riesgo la existencia de poblaciones en condición de vulnerabilidad como los pueblos indígenas Pemón, Warao, Wayúu y Añu, entre otros. 

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