La Secretaría de Gobernación (Interior) informó este jueves 11 que está revisando 538 casos en los que se señala la vulneración de los derechos. Los afectados se consideran «presos políticos» en el país.
De esa cifra indicada, la mayoría se concentra en estados con problemas de marginación, comunidades indígenas y zonas donde hay conflictos permanentes por la tierra, agua y recursos naturales. Tales estados son: Guerrero, con 140; Puebla, 71; Estado de México, 65; Ciudad de México, 52 y Oaxaca, 51.
En conferencia de prensa, junto a seis presos políticos de San Pedro Tlanixco, Estado de México, liberados en febrero, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la citada secretaría, Alejandro Encinas, precisó que ese número de expedientes pertenece a 59 mujeres y 479 hombres.
«Ellos han solicitado la intervención del Gobierno Federal por señalar que se han vulnerado sus derechos humanos y que se consideran presos políticos en el país, y esa cifra puede variar de manera muy significativa», apuntó Encinas en conferencia de prensa. «Son casos que estamos revisando porque se trata de personas de carne y hueso; no son una estadística», añadió.
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Encinas apuntó que esos presos se consideran «de conciencia» en los penales mexicano, por lo que el Gobierno mexicano trabajará para que aquellas personas que han sido objeto de abuso de autoridad y que se encuentran indebidamente en prisión, puedan obtener su libertad y pueda repararse el daño cometido por la autoridad.
Además sostuvo que si se quiere pacificar al país y se desea una reconciliación entre los mexicanos, «se quiere que haya justicia que permita el desarrollo y bienestar de la población y se tienen que ir cerrando estos expedientes».
Sobre el caso de los seis presos políticos liberados, Encinas precisó que este acto es una reivindicación con los defensores de los recursos naturales, quienes a los largo de 16 años fueron objeto de abuso de autoridad por la complicidad de intereses con particulares.
Dominga González Martínez, Teófilo Pérez González, Pedro Sánchez Berriozábal, Rómulo Arias Mireles, Marco Antonio Pérez González y Lorenzo Sánchez Berriozábal fueron sentenciados a 50 años de cárcel por un delito que nunca se comprobó.
Además se vulneraron gravemente sus derechos humanos y se alteró su vida familiar y la de su comunidad que se opuso al despojo de sus tierras y de un recurso fundamental para el desarrollo de su actividad productiva como es el agua.
«No solamente queremos que Tlanixco sea una experiencia emblemática, sino que sea referente para la reivindicación de justicia de muchos abusos que existen», dijo el funcionario y recordó que lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, 25 activistas han obtenido su libertad.
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