Caracas.- El Gobierno de Nicolás Maduro expresó preocupación este viernes, 11 de diciembre, por la demora de las autoridades de Cabo Verde para poner en arresto domiciliario al empresario Álex Saab, supuesto testaferro del gobernante.
Mediante un comunicado, el Gobierno dijo que le preocupa el comportamiento de las autoridades caboverdianas en relación con la decisión del pasado día 2 del Tribunal Comunitario de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedao), que ordenó poner bajo arresto domiciliario a Saab, al estimar que la justicia del país africano «actuó fuera de su jurisdicción» cuando lo detuvo para responder a una solicitud de extradición de Estados Unidos.
La medida de la Cedao establece que Cabo Verde conceda a Saab acceso inmediato y sin restricciones a sus familiares, informes médicos y acceso legal y consular completo.
«Resulta extraña la actitud de Cabo Verde ante la decisión de la Cedao, lo que entendemos constituye para Cabo Verde un compromiso político del derecho internacional», continuó Venezuela en la misiva. También consideró la situación como lamentable en vista de haberse celebrado la víspera el Día Internacional de los Derechos Humanos.
Saab fue detenido el pasado 12 de junio, cuando su avión hizo escala para repostar en el aeropuerto internacional Amílcar Cabral de la isla caboverdiana de Sal, y tras una petición de Estados Unidos, cursada a través de Interpol, por supuesto blanqueo de dinero.
Un mes después, la Justicia caboverdiana autorizó su extradición a Estados Unidos, una decisión que su defensa apeló de manera inmediata.
Tras la detención del presunto testaferro de Maduro, Venezuela señaló que Saab es un ciudadano venezolano y un «agente» del Gobierno que se encontraba en tránsito en Cabo Verde para volver al país.
El pasado 8 de diciembre, la defensa de Saab confirmó a EFE que Cabo Verde demoraba en poner a Saab en prisión preventiva por la adecuación de las condiciones de seguridad del empresario.
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Acusaciones contra Saab
Álex Saab, que cumplirá 49 años el próximo 21 de diciembre, mantuvo siempre su bajo perfil hasta que apareció en la prensa cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega lo acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro.
El empresario, nacido en Barranquilla (Colombia) y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecio alimentos para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).
Un funcionario del Gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con los Clap el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se lucraron, al parecer, con «cientos de millones de dólares».
Estados Unidos también presentó cargos contra Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, a quienes acusa de blanquear hasta 350 millones de dólares (unos 296 millones de euros), supuestamente defraudados a través del sistema de control cambiario en Venezuela.