Caracas.- Funcionarios del gobierno de Joe Biden aseguraron este miércoles, 27 de noviembre, que siguen de cerca los acontecimientos en Venezuela y señalaron que aún pueden aumentar las sanciones contra la administración de Nicolás Maduro y las personas cercanas a su círculo.
Las declaraciones fueron ofrecidas por Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, junto a Daniel Erikson, director del Consejo de Seguridad Nacional para Asuntos de América Latina, durante una llamada telefónica con periodistas.
“Nos esforzamos por lograr nuestros objetivos de política exterior en Venezuela. Obviamente, siempre evaluamos los acontecimientos sobre el terreno, qué corresponde a nuestra política de sanciones y qué medidas tomar para provocar mayores divisiones en el régimen -de Maduro-. Es algo que vamos a seguir revisando en el futuro y, sin duda, hasta el final de esta administración”, aseguró Daniel P. Erikson.
El director del Consejo de Seguridad Nacional para Asuntos de América Latina señaló que seguirán apoyando los esfuerzos de los socios regionales a fin de facilitar una transición democrática y pacífica liderada por Venezuela, donde se garanticen el respeto de la voluntad de los votantes y los resultados electorales disponibles públicamente.
Lista | Estados Unidos sanciona a Daniela Cabello y 20 funcionarios vinculados al gobierno Maduro
“Estamos profundamente preocupados por las continuas violaciones y abusos de los derechos humanos, incluidas las detenciones arbitrarias y las severas restricciones a las libertades fundamentales, dirigidas en particular contra los opositores políticos, la sociedad civil y los medios de comunicación independientes. Todos los presos políticos detenidos injustamente deben ser liberados”, dijo al rescatar el llamado realizado por los ministros de Asuntos Exteriores del G7, incluido el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell.
Este pronunciamiento ocurre cuando la administración de Joe Biden anunció nuevas sanciones contra la presidenta de la Agencia de Promoción de Exportaciones, Daniela Cabello, hija del ministro de Interior y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, y hacia otros 20 funcionarios.
Por su parte, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, añadió que el gobierno de Joe Biden no ha recibido ninguna solicitud para acompañar el retorno del presidente electo, según organismos nacionales e internacionales, Edmundo González, a Venezuela el 10 de enero. Sin embargo, se mostró dispuesto a evaluar su solicitud en caso de que requiera apoyo, aunque reconoció que sería difícil hacer las gestiones, pues no reconocen a las autoridades de Maduro.
“El Gobierno de Estados Unidos no ha recibido una solicitud de González para asistencia en su transporte. No participamos en su salida de Venezuela, y no se nos pidió que lo hiciéramos. Si recibiéramos una solicitud de él, lo consideraríamos”, reveló.
Los funcionarios estadounidenses también destacaron que en la actualidad hay sanciones bastante extensas hacia Venezuela a niveles sectorial e individual, estas dirigidas a representantes del gobierno de Maduro que han cometido violaciones de derechos humanos.
“También tenemos otros aspectos de nuestra política hacia Venezuela que son fundamentales para la configuración general de esta y es algo que vamos a seguir analizando con mucho cuidado”, puntualizó Erikson.
Nichols y Erikson evadieron las preguntas sobre su última reunión con representantes del gobierno de Maduro; sin embargo, el representante del Consejo de Seguridad Nacional para Asuntos de América Latina comentó que se mantienen en contacto constante con una amplia gama de aliados en la región para evaluar lo que sucede en Venezuela.
Al ser consultados sobre las licencias para la producción y exportación de energía o cualquier otro sector de la economía venezolana, en referencia a la licencia que posee Chevron, Erikson aseguró que se encuentran dispuestos a calibrar y ajustar sus políticas de sanciones y licencias hacia Venezuela, según sea necesario para avanzar en los objetivos de política exterior de Estados Unidos.
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