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miércoles, 19 enero, 2022

Fiscales estadounidenses investigan a Luisa Ortega Díaz por caso de soborno

Díaz, quien fue destituida como fiscal general de la República por la Asamblea Nacional Constituyente del oficialismo en 2017, fue vinculada con el caso del empresario Carlos Urbano Fermín, quien en 2021 admitió haber pagado aproximadamente 1 millón de dólares a un fiscal de alto rango en Venezuela

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Caracas.- Fiscales de Miami (Florida, Estados Unidos) señalaron en una presentación del miércoles 12 de enero que investigan a la exfiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, quien, de acuerdo con la agencia de noticias AP, fue implicada en un caso de soborno en el que está involucrado un empresario venezolano que se declaró culpable de pagar 1 millón de dólares en sobornos.

Díaz, quien fue destituida como fiscal general de la República por la Asamblea Nacional Constituyente del oficialismo en 2017, fue vinculada con el caso del empresario Carlos Urbano Fermín, quien en 2021 admitió haber pagado aproximadamente 1 millón de dólares a un fiscal de alto rango en Venezuela, como garantía ante cualquier investigación por sus contratos de construcción con la estatal de hidrocarburos Pdvsa.

Luisa Ortega Díaz niega relación con caso de corrupción de Urbano Fermín

En abril de 2021, tras conocerse sobre los señalamientos contra Carlos Urbano Fermín, Ortega Díaz afirmó que las acusaciones de sobornos se produjeron por la detención de un hermano de Fermín y que se trataba de un intento del gobierno de Maduro por obtener una declaración forzada y actuar contra su reputación.

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Según lo reportado por AP en 2021, el documento que acompañaba el acuerdo de culpabilidad de Fermín detalla que, entre 2012 y 2016, sus compañías obtuvieron varios contratos de importancia de parte de tres empresas de participación conjunta de Pdvsa y petroleras extranjeras, incluidas la rusa Rosneft, la francesa Total y la china National Petroleum Company.

Según lo señalado en el acuerdo de Fermín, el empresario fue contactado a principios de 2017, cuando la oficina de Ortega Díaz investigaba contratos otorgados para labores en la Faja petrolífera del Orinoco, y un abogado próximo a un fiscal de alto rango le prometió poner fin a cualquier investigación penal.

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