Esta semana se reveló una trama de extorsión en España que involucra a exfuncionarios venezolanos, acusados además de blanqueo de capitales en el país europeo. Trascendió que pagaron y ofrecieron información con el fin de ser protegidos.
En la trama están involucrados Nervis Villalobos, exviceministro de Energía; Carlos Aguilera, exdirector de la Dirección de Servicios de Inteligencia; Javier Alvarado Ochoa, exviceministro de Desarrollo Eléctrico; Rafael Reiter, exjefe de Seguridad de Pdvsa; y Raúl Gorrín, presidente de Globovisión.
También fueron señalados Carmelo Urdaneta, exasesor del Ministerio de Petróleo y Minas; y el empresario Moris Beracha. La noticia se conoció el sábado 4 de junio en el Periódico de España y la información de estos nombres se derivó de un informe policial de diciembre de 2020.
El medio de comunicación español reseñó datos del sumario de la Operación Caranjuez, de anotaciones del comisario José Manuel Villarejo, quien presuntamente hizo favores a los exfuncionarios venezolanos, y de las declaraciones de perjudicados.
Trascendió que el estadounidense Martín Rodil lideró la trama de extorsión, con la complicidad del abogado José Aliste. Trataron de chantajear a los exfuncionarios chavistas: les exigieron altas sumas de dinero a cambio de ayudarlos extraoficialmente con la policía de España (con Villarejo) en sus casos de blanqueo.
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Además del dinero, se habría exigido a los exfuncionarios información para ser utilizada en contra del partido local Podemos, de Pablo Iglesias.
La llegada de estos exfuncionarios a España inició en 2013, después de la muerte del expresidente Hugo Chávez. Esos venezolanos fueron progresivamente acusados de lavado de dinero en España, Estados Unidos y Venezuela.
Martín Rodil inició los contactos con los exfuncionarios, a quienes prometió favores y les aseguró tener contactos en la Administración de Control de Drogas de EE. UU.
En ciertos casos la ayuda policial en España se concretó con permisos de residencia y hasta la nacionalidad del mencionado país, con la cual intentarían evitar extradiciones.
Según el relato de Javier Alvarado Ochoa, mantuvo reuniones con miembros de la cúpula de la Policía Nacional, en las que presuntamente se abordó su protección a cambio de información contra Podemos, así como su inclusión en un fichero de informadores.
Con información de El Periódico de España.