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martes, 9 agosto, 2022

España se convierte en el séptimo país del mundo donde la eutanasia es legal

El instrumento legal se ha convertido en motivo de polémica política y social, generando un enfrentamiento entre la derecha y la izquierda

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El Parlamento español aprobó definitivamente este jueves la ley que despenaliza la eutanasia y regula la ayuda médica para el derecho a morir y a la prestación del sistema nacional de salud.

España se convierte en el séptimo país del mundo donde la eutanasia será legal, tras Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Colombia, Canadá y Nueva Zelanda.

Podrán solicitarla los mayores de edad que sufran «una enfermedad grave e incurable» o un «padecimiento grave, crónico e imposibilitante» que afecte a la autonomía y que genere un «sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable».

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Una Comisión de garantía y evaluación, compuesta por personal médico, de enfermería y juristas, será responsable en última instancia de autorizar cada proceso de eutanasia. El solicitante deberá confirmar varias veces el deseo de seguir adelante y podrá desistir en cualquier momento.

Después de ser enmendada por el Senado, el Congreso respaldó finalmente hoy la ley con el voto a favor de 202 de los 350 diputados, con 141 en contra y 2 abstenciones.

La norma, que entrará en vigor dentro de tres meses, fue impulsada por el gobernante Partido Socialista, apoyada por el resto de los partidos de izquierda, liberales, nacionalistas e independentistas; y rechazada frontalmente por la oposición de conservadores y de extrema derecha.

La ley es motivo de polémica social y política, con un fuerte enfrentamiento dialéctico entre la izquierda y la derecha.

La ministra de Sanidad, la socialista Carolina Darias, aseguró que España avanza en el «reconocimiento de los derechos», así como en una sociedad «más justa y decente».

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La diputada socialista y exministra de Sanidad María Luisa Carcedo recordó a todos aquellos que han luchado por conseguir que se apruebe esta ley, que da «libertad para decidir».

Por el contrario, el parlamentario conservador José Ignacio Echániz (Partido Popular) se refirió a que «no existe demanda social objetiva», y aseguró que comités de bioética consideran que la ley abre la puerta a «eutanasias no solicitadas» y España puede convertirse en un país de «turismo eutanásico».

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