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lunes, 2 diciembre, 2024

España considera suficientes las garantías de EE. UU. para extraditar al «Pollo» Carvajal

Desde que fue detenido e ingresó en prisión, el pasado mes de septiembre, Carvajal ha tratado de frenar su extradición por todos los medios: desde pedir asilo, que le fue denegado, hasta llegar al Tribunal Supremo español, que también rechazó su recurso contra el acuerdo del Gobierno para extraditarlo

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La Audiencia Nacional española consideró suficientes las garantías de Estados Unidos en relación con la extradición a ese país del exgeneral venezolano Hugo Armando Carvajal, acerca de la pena de cadena perpetua que le podrían imponer los jueces estadounidenses.

El exgeneral venezolano, conocido como «el Pollo» Carvajal, antiguo jefe de la Dirección de Contrainteligencia Militar de Venezuela, fue detenido en España el pasado mes de septiembre y está reclamado por Estados Unidos por presuntos delitos de narcotráfico.

En un auto conocido este viernes, 26 de noviembre, los magistrados señalan que las garantías presentadas por Estados Unidos, de manera expresa y a través de su Embajada, son «suficientes en aras a preservar el derecho fundamental y personalísimo de no sufrir torturas ni penas o tratos inhumanos o degradantes», por lo que acceden a la demanda de extradición.

Esta decisión contrasta con la defensa del exgeneral, que pidió que se impidiera la entrega.

El pasado 22 de octubre la Audiencia Nacional dejó en suspenso la extradición, cuando estaba a punto de llevarse a cabo, al advertir que faltaba pedir a Estados Unidos estas garantías que el pleno de la Sala de lo Penal se comprometió a solicitar cuando dio luz verde a la entrega.

Desde que fue detenido e ingresó en prisión, el pasado mes de septiembre, tras casi dos años en paradero desconocido, Carvajal ha tratado de frenar su entrega por todos los medios: desde pedir asilo, que le fue denegado, hasta llegar al Tribunal Supremo español, que también rechazó su recurso contra el acuerdo del Gobierno para extraditarlo.

Otra baza fue la de prestarse a declarar ante un juez español sobre presuntas tramas de corrupción del régimen chavista con exdirigentes políticos españoles del partido de izquierda Podemos para la presunta financiación de esta formación política.

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