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viernes, 29 marzo, 2024

Ejército de Colombia realizó espionaje a periodistas y políticos

En los informes de espionaje publicados por la revista Semana acreditan el seguimiento de varios corresponsales cuando Nicacio Martínez era el máximo responsable de la institución. Las operaciones de espionaje fueron hechas con el apoyo logístico y económico de una agencia de inteligencia estadounidense

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Unidades del Ejército de Colombia realizaron, entre febrero y diciembre del año pasado, seguimiento a periodistas, corresponsales extranjeros, políticos y abogados de derechos humanos, más de 130 personas, con el apoyo logístico y económico de una agencia de inteligencia estadounidense, según denuncia uno de los militares implicados.

La revista Semana publicó una serie de informes que recogen los perfiles de profesionales que, por la naturaleza de su propio trabajo, suelen tener acceso a información confidencial. Esas carpetas contienen números de teléfono, direcciones de residencia y trabajo, correos electrónicos, amigos, familiares, hijos, colegas, contactos, infracciones de transito y hasta lugares de votación, detalla la publicación.

Las actividades de espionaje, llevadas a cabo a través de distintas herramientas informáticas, coinciden con el período de jefatura del Ejército del general Nicacio Martínez Espinel, quien dejó el cargo a finales de diciembre por «motivos familiares”, informó en ese entonces el presidente Iván Duque.

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Hace un año, Nicacio Martínez Espinel fue señalado, por una información de The New York Times, de revelar el regreso de la fuerza terrestre a una práctica perversa que, la pasada década, dio pie a miles de ejecuciones extrajudiciales. Esto es un sistema interno de beneficios e incentivos para mejorar resultados: el origen del escándalo de los mal llamados falsos positivos, asesinatos de civiles, en su mayoría campesinos, presentados después como guerrilleros caídos en combate.

El que en ese momento era corresponsal de The New York Times, Nicholas Casey, fue una de las primeras víctimas de esos seguimientos. El informe elaborado por los militares recoge posibles fuentes, fotos de sus contactos personales y profesionales y lo vincula con “zonas de influencias de Farc”. Tras él, fueron incluidos otros periodistas de Estados Unidos o corresponsales de medios de ese país. Entre ellos, Juan Forero, veterano reportero hoy jefe de la oficina de The Wall Street Journal.

También figuran en las carpetas John Otis, corresponsal para América Latina de la National Public Radio (NPR); Stephen Ferry, reconocido fotógrafo independiente, o la fotoperiodista Lindsay Addario, que realizó un reportaje sobre el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Bajo la lupa de los militares también estuvieron los colombianos Daniel Coronell, presidente de noticias de Univisión; Yolanda Ruiz, de RCN Radio; María Alejandra Villamizar, analista de Noticias Caracol; Gina Morelo, de El Tiempo; o Ignacio Gómez, de Noticias Uno.

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Estos “trabajos especiales», realizados principalmente por unidades de ciberinteligencia, respondían a la cadena de mando. Las publicaciones sobre el Ejército enfurecieron a Martínez Espinel, que fue nombrado al frente del Ejército por Duque a finales de 2018. En la transición entre el mandato de Juan Manuel Santos –que impulsó el proceso de paz y logró la desmovilización de las Farc– y el actual mandatario, el ala más radical del Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe, se aseguró el control del área de Defensa y de las Fuerzas Armadas.

Las operaciones de vigilancia también apuntaron a políticos y abogados de los derechos humanos. Entre ellos, Jorge Mario Eastman, quien fue viceministro de Defensa y hasta hace un año secretario general de la presidencia. O el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, que siempre ha estado muy implicado con el esclarecimiento de la verdad en las investigaciones relacionadas con los falsos positivos.

“Las graves denuncias de que el Ejército colombiano realiza interceptaciones ilegales y produce inteligencia sobre periodistas, políticos y abogados de derechos humanos atentan contra la democracia y el estado de derecho”, declaró Vivanco al medio El País. «Debe haber investigaciones serias y contundentes que muestren resultados creíbles para la ciudadanía. De lo contrario, el país corre un serio riesgo de que estas prácticas se normalicen”, agregó.

El actual ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, salió al paso de estas acusaciones con algunos anuncios. En primer lugar, apartó del servicio activo a 11 oficiales y anunció que un brigadier general solicitó su retiro voluntario del servicio.

“En referencia a las denuncias que se conocieron hace unos meses sobre presunto empleo irregular de las capacidades de inteligencia militar y siguiendo la política institucional de cero tolerancia con la ejecución de conductas al margen de la ley, el Ministerio de Defensa Nacional se permite comunicar que desde el mismo momento en que se tuvo conocimiento de los presuntos hechos, se tomaron las medidas y se adelantaron las acciones que corresponden de acuerdo a la ley”, informó su departamento.

Con información de El País

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